Volteos de droga nunca indagados y 10 liberados de culpa “por precio”
Pese a que cuatro testigos revelaron que el verdadero motivo de la trifulca entre los policías y los ocupantes del vehículo requisado en la tranca de Epizana, era el volteo de 12 kilos de droga, la Fiscalía no investigó esta versión.
En 2008, OPINIÓN entrevistó a un policía que se salvó de ser linchado el 26 de febrero, a la viuda del efectivo asesinado Willy Álvarez, a un abogado y a una pobladora de Epizana que contaron otra historia sobre esa fatídica fecha.
De acuerdo a esas cuatro personas, no fueron tres, sino seis los policías - y un exrecluso- los que el 25 de febrero del 2008 se dirigieron a Epizana en dos vehículos. Viajaron hasta allí porque horas antes les avisaron que un cargamento de 12 kilos de droga iba a pasar por la tranca de Epizana en un vehículo específico. El grupo pretendía efectuar un “volteo”, es decir, iba a fingir que ejecutaba un operativo de control y que secuestraba la cocaína, pero, en lugar de entregarla a la fuerza antidrogas, planeaba comercializarla en otros sectores.
Un enfrentamiento con los ocupantes del vehículo donde iba la droga, derivó en una cruel muerte para tres efectivos; pero, los otros tres uniformados y el ex recluso, lograron escapar con el botín. Las fuentes de este diario contaron que la cruel golpiza, la tortura y el asesinato de los tres uniformados fueron alentados por varias personas involucradas en actividades del narcotráfico que ya estaban “cansadas” de que “esos policías” les quitaran la droga.
En el vehículo blanco de Wálter Ávila, viajaban él, el sargento Willy Álvarez, a quien le decían “El Loro” y Eloy Yupanqui (los tres asesinados). En un minibús plomo viajaban el sargento Gerardo Flores, los policías Raimundo Condori y Marco Quiroz, además del exrecluso Roberto Cossío Villarroel, alias El Carita de Ángel, que estaba relacionado con la banda delincuencial del Salserín.
La intención era cobrar miles de dólares por el paso de la droga, en primera instancia, pero luego pretendían sustituirla con paquetes falsos, para obtener doble ganancia. El grupo ya había dado estos golpes varias veces, en ese y otros caminos.
El 25 de febrero interceptaron una vagoneta tipo taxi conducida por Zenón Soria. Los policías efectuaron la revisión del vehículo; los acompañantes de Soria se resistieron y se enfrentaron con los uniformados. Uno de ellos salió herido en la nariz.
Existe una versión de que Carita de Ángel estaba vestido como un coronel de la Policía y, junto a Gerardo Flores, Marco Quiroz y Raimundo Condori (estos tres vestidos de civil), fueron a la vivienda de Zenón Soria, para recibir un pago de 5.000 dólares por el paso de la “kurpa” (mercadería de droga). Mientras tanto, Willy Álvarez y Wálter Ávila condujeron el minibús hacia el hospital de Totora, para que curen al acompañante de Zenón Soria. Eloy Yupanqui se quedó en la tranca de Epizana cuidando el automóvil de Wálter Ávila.
Cuando Zenón Soria entró a una habitación para sacar el dinero, alertó a otros comunarios sobre la extorsión. El Carita de Ángel, Gerardo Flores, Marco Quiroz y Raimundo Condori, lograron darse a la fuga con la droga corriendo hasta un sector donde les esperaba un tercer vehículo.
La pobladora entrevistada en Epizana contó que el “coronel” (Carita de Ángel) le dijo a Zenón Soria que “los otros tres que se quedaron en la tranca no eran policías realmente”. Los comunarios se dirigieron a la tranca de Epizana y esperaron que los dos policías (Álvarez y Ávila) llegaran del hospital a bordo del minibús. El tercer policía, Eloy Yupanqui, estaba en el automóvil blanco. Al descender de los carros, unos furibundos comunarios, cansados de sus volteos, comenzaron a golpearlos. Los policías corrieron a refugiarse en la caseta de Cono Sur. Los comunarios destrozaron la caseta de Cono Sur, sacaron a los policías a la fuerza, los encerraron en la posta de salud y amenazaron con lincharlos si el comandante de la Policía, coronel José Copa, no iba hasta allá para recibir sus denuncias. Dieron plazo hasta las 8:00 de la mañana, esperaron hasta las 9:30 y luego los ejecutaron. Un funcionario de la empresa de cobro de peajes de ese tiempo, Cono Sur, que fue testigo de la captura de los policías en la tranca, declaró ante la Fiscalía que el 25 de febrero habían más efectivos a bordo de un minibús plomo, pero el fiscal Mauricio Julio no indagó más para identificar a los efectivos que huyeron.
Sintiéndose culpable, días después de la tragedia, uno de los policías que logró huir de Epizana, Raimundo Condori, le llevó a Nancy Herrera, la viuda de Willy Álvarez quintales de arroz, azúcar, harina y otros víveres. Ella denunció públicamente que su esposo y otros policías eran obligados a incurrir en volteos de droga por orden del subcomandante de la Policía, coronel Ismael Medina. El lo negó.
Este diario denunció que el cabecilla de los policías volteadores, Gerardo Flores, retiró 50.000 dólares de la cooperativa Inca Huasi de Quillacollo. La viuda de Álvarez dijo que ese era el dinero de la venta de la droga volteada en Epizana y que estaba “manchada con la sangre” de los camaradas a los que abandonaron.
La Fiscalía pidió a la cooperativa que certifique ese retiro, pero la institución respondió que precisaba de una orden de la ex Superintendencia de Bancos para dar esa información. El Ministerio Público no tramitó la orden y abandonó esa pesquisa. Poco después, Gerardo Flores y Raimundo Condori cayeron por otros volteos de coca y droga. La Policía les dio de baja.
58 IDENTIFICADOS
Pese a la existencia de un Pacto del Silencio en Epizana, algunos testigos vitales y el video grabado por el camarógrafo de Bolivisión ayudaron a identificar a 58 instigadores y linchadores.
Diez meses después del triple crimen, el entonces fiscal de materia asignado al caso, Irving Avendaño, liberó de culpa a 11 sospechosos plenamente identificados por los testigos. Una fuente de la Fiscalía reveló que estas personas pagaron por su libertad entre 3.000 y 10.000 dólares, con la venia del exfiscal de Distrito, César Cartagena.
El 2 de febrero de 2009, OPINIÓN denunció la irregular liberación de culpa de 11 sospechosos del linchamiento de policías. Reveló que los abogados Raúl Chávez Plata y Omar Daza, (defensores de los sobreseídos) tenían nexos laborales con Alicia Jaldín, abogada y esposa del entonces fiscal de Distrito, César Cartagena. A través de ella, se garantizó las liberaciones de culpa.
Incumpliendo plazos procesales, Cartagena confirmó 10 de los 11 sobreseimientos o liberaciones de culpa otorgadas por Avendaño. Ante la denuncia de OPINIÓN, la Inspectoría General del Ministerio Público inició una investigación del tratamiento fiscal en el caso Epizana.
El 9 de junio de 2009, uno de los acusados de la matanza, Trifón Huayllani Pizarro, denunció ante la Inspectoría que el abogado Omar Daza lo visitó en la cárcel y le dio su tarjeta para que lo llamara si quería salir libre, a cambio de 3.000 dólares.
Le habría dicho: “La justicia funciona así, tenemos muñeca con Alicia Jaldín, el fiscal Irving Avendaño y César Cartagena”. Huayllani sostuvo que se negó a tomar los servicios de Daza, pero le dio la tarjeta a otros detenidos y ellos sí fueron liberados de culpa, tras pagar montos distintos.
El 14 de agosto de 2009, la Inspectoría constató que hubo irregularidades en los sobreseimientos. Pidió un proceso para los fiscales Irving Avendaño y César Cartagena y, como sanción, la destitución de sus cargos y el retiro definitivo de la carrera fiscal.
58
Linchadores fueron identificados
gracias al video grabado por Bolivisión y a los testigos vitales. De ellos, 31 fueron aprehendidos. La Fiscalía liberó de culpa a 10, acusó a 13 y declaró “en rebeldía” a 8. De ellos 13, solo 8 fueron condenados.