Alberto Fujimori (Perú)
Alberto Fujimori gobernó el Perú desde el 28 de julio de 1990 hasta el 2000. En ese año, en setiembre, se difundió un video que puso en evidencia uno de los escándalos de corrupción que marcó el inicio de la caída de una década del régimen fujimorista.
Fue condenado por al menos cinco casos, la mayoría tiene que ver con corrupción. En enero del 2015 fue condenado a ocho años de prisión por el delito de peculado -malversación de fondos públicos- y al pago de una multa de unos 900.000 dólares por desviar 40 millones de dólares del presupuesto de las Fuerzas Armadas a favorecer su imagen en medios sensacionalistas conocidos en Perú como "diarios chicha".
PROCESO
A fines del año 2000, Alberto Fujimori viajó del Perú hacia Brunéi para una cumbre. Desde allí se dirigió a Japón, desde donde renunció a la presidencia del Perú vía fax. El 6 de noviembre de 2005, Alberto Fujimori viajó a Chile, donde fue detenido al día siguiente por las autoridades de aquel país, y desde entonces se inició, exactamente el 11 de noviembre de ese año, un proceso de extradición en su contra.
El 21 de septiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile aprobó la petición del Poder Judicial del Perú para extraditarlo. Tras su arribo, afrontó diferentes procesos.
Si bien el 8 de enero de 2015, la Cuarta Sala Penal Liquidadora sentenció a Alberto Fujimori a ocho años de prisión por haber desviado los fondos para favorecer su imagen en “diarios chicha”, en agosto de 2016 cinco miembros de la sala permanente de la Corte Suprema de Justicia concluyeron que "no se evidenció" la vinculación para declarar responsabilidad penal del exmandatario, por lo que anularon la condena.
Esa sentencia no afectó a los otros tres casos de corrupción en los que está involucrado. Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991). El exmandatario ya está más de 10 años en la cárcel y, debido a su estado de salud, su familia pidió un indulto humanitario que está siendo evaluado por el Ministerio de Justicia.