Cochabamba, Bolivia, Domingo 9 de julio de 2017
Informe Especial

Sentencias a traficantes de fauna silvestre, ¿avanzamos?

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Por: MIRIAM JEMIO | 09/07/2017
No es novedad que haya escaso control en sitios donde habitan los animales silvestres, de donde son sacados por los traficantes, por la recompensa del dinero que recibirán de sus compradores (delincuentes también). Pero es necesario decirlo. Recordar que se sigue esperando políticas estatales para atacar este delito en el lugar de origen.

A diario conocemos del rescate o decomiso de algún animal silvestre. Solo la Gobernación de Santa Cruz rescató más de 700 animales silvestres en lo que va del año. Su par de Cochabamba realiza un trabajo similar con el apoyo de la Policía Forestal y Protección del Medio Ambiente (Pofoma) que en 2016 decomisó más de 900 especies.

Raros son los casos que terminan con la sanción legal correspondiente, como la sentencia a tres años de cárcel que dictó un juez para Henry Gandarillas, quien intentó vender en 800 dólares, a través de redes sociales, un pequeño jaguar que extrajo de Villa Tunari. Para ello, dicen los especialistas, debió matar a la madre.

Sorprendentemente en Cochabamba, solo en junio, se sentenció a tres años de cárcel a dos traficantes. El primero fue un joven de 22 años que pretendía vender una paraba barba azul, especie en peligro de extinción. Ninguno cumplirá su sentencia en la cárcel, tienen medidas sustitutivas y arraigo. La Dirección de Biodiversidad informó el pasado año que obtuvieron sentencia en contra de un traficante de vicuñas. Mientras, el juicio contra los traficantes de colmillos de jaguar parece no avanzar. No se conoce nueva información al respecto. Lo que se sabe es que en Rurrenabaque la demanda de colmillos no cesó. Ofrecen hasta 500 dólares por la cabeza de un jaguar adulto.

El problema no termina en el rescate de los animales. El sufrimiento continúa, menos del 10 por ciento puede ser devuelto a su hábitat. El resto es llevado a refugios estatales y privados. La mayoría logra sobrevivir, tras un periodo de adaptación. El costo es alto para el animal y el lugar que lo alberga. Por ejemplo, el pequeño jaguar Hernán fue enviado de Cochabamba al Centro de Atención y Derivación de Animales Silvestres dependiente de la Gobernación de Santa Cruz. Allí su menú diario comprende dos kilos de carne y un litro de leche al día, esto significará, aproximadamente, un costo al mes de 1.500 bolivianos. ¿Quién corre con esos gastos?

Frente a esto, es urgente controlar el tráfico en su origen, pero no se lo hace. El Gobierno reconoce que esa es todavía una tarea pendiente. Claro está que los primeros en actuar deben ser los gobiernos locales. Existen algunas acciones, por ejemplo, la Gobernación de Cochabamba realiza campañas de prevención en algunas trancas. El Ministerio de Medio Ambiente realizó una campaña contra el tráfico de animales silvestres con algún spot, algunos afiches y unos cuantos talleres.

Esta falta de control y las sentencias sin cárcel, así como los procesos extinguidos contra los traficantes, hacen que esta actividad ilícita esté vigente y creciendo. La prueba es la cantidad de animales que rescatan las gobernaciones de Santa Cruz y Cochabamba, y Pofoma en La Paz, por citar los ejemplos más conocidos.

Es urgente reforzar los controles en el hábitat de la fauna silvestre, principalmente para evitar que sea diezmada. Los expertos dicen, por ejemplo, que una de diez aves sacadas de su hábitat sobrevive al hacinamiento y falta de alimento al que son sometidas mientras son transportadas hasta los mercados de la 16 de Julio (La Paz), La Ramada (Santa Cruz) o La Cancha (Cochabamba), por nombrar algunos.

La sociedad civil y el Estado (Gobierno central, gobernaciones y municipios) tenemos la responsabilidad de actuar. Es fácil ayudar. Es suficiente con que no compres loros, parabas, monos, murciélagos, lagartijas, tortugas… Ningún animal silvestre.






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