Cochabamba, Bolivia, Domingo 12 de marzo de 2017
Informe Especial
Para la atención médica gratuita es necesario el carnet de discapacitado. Filomena Vocal, de Aiquile, dejó de ir al hospital y prefiere automedicarse. La familia de Richard Ibáñez, de Sacaba, corre con gastos hace 23 años.

El desempleo y la falta de identidad limitan atención a discapacitados

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Por: MELISSA REVOLLO P. mrevollo@opinion.com.bo | 12/03/2017
Filomena Vocal, junto a su hijo, en la casa en donde vive, en Aiquile.

Richard Ibáñez de 28 años pasa el día en una banca que está en el patio de su casa construida con adobes, situada en la zona norte de Guadalupe, en Sacaba. Él no habla, al margen de balbucear algunas palabras como “hola”. Tiene discapacidad múltiple, por el aspecto intelectual y la epilepsia.

Filomena Vocal de 39 años también tiene jornadas en las que no sale de su casa en Aiquile, Cono Sur de Cochabamba, pero su caso es distinto. Tiene discapacidad física, camina con dificultad por la malformación de sus pies y se ayuda con un bastón adaptado en la rama dura de un árbol. Se dedica a las labores de casa, nunca trabajó fuera. Está casada y tiene un hijo. No sabe leer ni escribir. Aunque sufre dolores, ya no va al hospital y prefiere automedicarse porque no recibe atención médica gratuita por falta de un carnet.

Para las personas con discapacidad, que viven en provincias, el desempleo y la falta de identidad son limitantes para recibir atención.

Richard y Filomena no se conocen. Ambos tienen discapacidad y tienen dificultades en lo relacionado a sus documentos legales y el acceso, por ejemplo, a la atención médica gratuita.

La discapacidad hace referencia a las deficiencias de funciones físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales.

La Ley 223 General para Personas con Discapacidad establece el ejercicio de los derechos de este sector. Sin embargo, para Filomena y Richard, como para muchos otros, no es sencillo.

Filomena vive en una esquina, a una cuadra de una avenida asfaltada de ingreso principal a Aiquile. Desde afuera se ve un árbol cargado de granadas y otros frutales. Las puertas de madera se abren y ellas permiten el ingreso sonriente, aunque en su mirada hay preocupación, por su salud, la falta de dinero y trabajo.

El único cuarto de la casa, donde vive en alquiler, tiene salida directa a la calle. En ese ambiente hay un par de camas y una cortina divide el espacio donde también está la cocina.

Ella, que viste pollera, luce aretes vistosos y trenzas gruesas, es de Viscachani, una comunidad distante a 20 kilómetros del centro poblado de Aiquile. Nació con discapacidad y nunca tuvo atención médica.

“No íbamos ni al hospital. Mi papá era curandero y él nomás nos curaba”.

Cuenta que llegó al pueblo de niña y que su mamá murió cuando ella era pequeña.

Sufre dolores constantes en las piernas, pero como no tiene el carnet de discapacidad esto se ha convertido en un problema porque no le es posible acceder al servicio gratuito de salud. Prefiere automedicarse con los calmantes que puede pagar antes de tener que pensar en una cuenta en el hospital de Aiquile.

No estudió porque para ella asistir a la escuela significaba demasiado sacrificio para su padres. Tampoco trabajó nunca fuera de su casa.

“Cuando estaba solita (soltera) buscaba trabajo, pero no encontraba. ‘¿Qué vas a poder vos?’, me decían”.

Ahora está casada y tiene un hijo de 11 años. Sin embargo, las limitaciones económicas continúan siendo un obstáculo para su atención. Su esposo trabaja como “jornalero”, es decir que gana por lo que haga en el día si es que encuentra alguna actividad, mientras ella se dedica al cuidado de su hijo y a cocinar para su familia.

Los dolores que siente en las piernas no pasan. Pero, no tiene dinero suficiente para tratamientos y por eso evita ir al hospital. Camina un poco y luego permanece sentada en el suelo, porque eso es más cómodo para ella que intentar mantenerse en pie.

El artículo 12 de la Ley General para Personas con Discapacidad hace referencia al derecho a servicios de salud integrales y gratuitos. Determina que “el Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso de las personas con discapacidad a los servicios integrales de promoción, prevención, atención, rehabilitación y habilitación, con carácter gratuito, de calidad y con calidez, en la red de Servicios Públicos y en los tres niveles de atención”.

Pero, al ver a Filomena, la ley parece que quedara al margen.

“No voy al hospital porque no me quieren curar. No tengo mi carnet de discapacidad y me cobran si no tengo ese documento. El otro día he ido porque mi pie se ha hinchado y me han dicho que tenía que pagar 250 (bolivianos). Entonces he regresado nomás. Varias veces he ido así. Si me alcanza mi platita, compro cualquier tableta y me vengo. ¿Qué voy a hacer? No puedo pagar tanta plata”.

Los ojos se le llenan de lágrimas al contar lo que le ocurre y al darse cuenta que esto depende solo de un carnet que no tiene.

En Aiquile no existe un equipo de calificación, conformado por un psicólogo, un trabajador social y un médico, para las personas de discapacidad. Es necesario que un equipo realice la evaluación para luego otorgar el carnet.

El director de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Aiquile, Franklin Román, explica que está pendiente la capacitación del médico, porque los demás funcionarios en ese municipio ya fueron preparados. Sin embargo, garantizó que Filomena recibirá atención sin problemas, en tanto se tramite su documento.

Richard tiene una historia distinta, pero sus problemas son parecidos.

Llegar a su casa implica ir en vehículo por un camino empinado que se toma desde la avenida Villazón. La vía no llega a la vivienda y es necesario caminar entre los cultivos de alfalfa y maíz para entrar por una puerta lateral.

Él viste un buzo, una chompa, chalina y gorro de lana, y calza abarcas. Pasa el día sentado, observando la vegetación de su zona, entre eucaliptos y maizales, o el trabajo de su padre, que es agricultor y, a veces, elabora chicha. Realiza esfuerzos para alcanzar sus manos encogidas y saludar.

Richard tenía cinco años cuando iba al colegio y cayó a un pozo. Desde entonces tiene discapacidad.

Sentada en la misma banca que él, su mamá, Marcelina Solís de Ibáñez, recuerda aquel día mientras, con un pañuelo, le seca la boca.

“Ha estado en el hospital. Le han atendido tres médicos, le ponían inyecciones cada día”.

Su hijo también tiene epilepsia. Durante 23 años, los papás corrieron con los gastos de la “Carbamazepina”, el medicamento que necesita tomar tres veces al día. Son alrededor de 90 tabletas al mes y cada una cuesta tres bolivianos (270 bolivianos mensuales).

Solís no puede evitar las lágrimas viendo la situación que atraviesa su hijo ligada a la carencia de recursos económicos. Respira hondo para contener su sentimiento.

“He pasado mucho trabajo con él. A cualquier hora le daba (un ataque) y le tenía que llevar al médico. He gastado harto dinero, hasta hemos tenido problemas en mi familia. No hemos podido ni terminar de construir la casa”.

Desde que ocurrió el accidente, la vida de aquel niño, Richard, cambió al igual que la de sus papás.

La falta de conocimiento y apoyo hizo que la familia afronte sola la dificultad. Ni siquiera imaginaron que él necesitaba el carnet de identidad.

La Ley General para Personas con Discapacidad establece, en su artículo 14, el derecho a la identidad y expresa la garantía que le da el Estado a las personas de este sector, “respetando su pluriculturalidad, nombre, nacionalidad, a ser inscrito y registrado inmediatamente después de su nacimiento o cuando así lo requiera, al igual que las demás personas”.

La psicóloga de la Unidad Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Umadis) de Sacaba, Zenaida Guzmán, informa que conocieron a Richard a través de los dirigentes de la Organización Territorial de Base (OTB) Huayllani Centro, en Guadalupe, e iniciaron los procesos para obtener la cédula de identidad.

En principio, los dirigentes de la zona habían intentado colaborar para obtener el documento de identidad, pero “los requisitos eran complicados de conseguir”.

Guzmán explica que cuando la persona con discapacidad intelectual o psíquica tiene más de 18 años hay más dificultad en el papeleo y es necesario realizar un trámite de interdicción para personas como Richard, que no pueden valerse por sí mismas.

“Su certificado de nacimiento estaba mal y no contaba con el carnet de identidad que es indispensable para realizar la carnetización de la persona con discapacidad”.

El proceso duró entre seis y ocho meses. La familia tomó un abogado particular y la Unidad de Atención a la Persona con Discapacidad apoyó con los informes médicos y psicológicos.

El documento salió en noviembre de 2016. Luego se hizo el trámite para el carnet de discapacidad que concluyó el 6 de febrero de 2017.

Para acceder a este documento fue necesaria la calificación para identificar el porcentaje de discapacidad que, en este caso, es de 84 por ciento , “muy grave”.

La psicóloga explica que contar con los documentos de identidad y de discapacidad permiten beneficios para esta población.

“En este momento tenemos en espera a personas que por cuestiones principalmente económicas no pueden sacar ni el carnet de identidad, que es más difícil cuando tienen más de 18 años”.

Guzmán manifiesta que con los papeles en regla, Richard puede acceder a un seguro gratuito de salud. Los mismos documentos le permiten tener medicamentos de manera mensual.

“La mamá le automedicaba por referencia de otras personas. Le daba también Carbamazepina, pero ahora ya se ha regularizado y nosotros le vamos a dotar en el hospital México”.

Esta Unidad de Atención está instalada en el mismo hospital sacabeño.

La mamá reconoce que desconocía los beneficios que podía tener su hijo al acceder a una identidad, que no tuvo de manera legal durante 28 años.

“Yo no pensaba que era necesario su carnet. Es que no sabía si iría a la escuela o si iba a crecer, por eso no he sacado”.

La psicóloga enfatiza que es necesario renovar el carnet de discapacidad cada cuatro años, para identificar si hubo mejoras o los casos empeoraron en el porcentaje de calificación.

APOYO

En el caso de este joven, el trabajo no concluye con el carnet y la medicación. La funcionaria municipal explica que este año realizarán un trabajo de fisioterapia “a domicilio” cada 15 días, para que no se agrave la discapacidad que ha deteriorado el estado de Richard.

Las acciones son parte de un programa municipal de la Alcaldía de Sacaba en las comunidades.

La encargada de la Unidad, Mariela Cossío, expresa que se implementa esta modalidad de intervención en áreas rurales desde 2016. En la actualidad ya trabajan en El Abra y Lava Lava, y coordinan con zonas como Aguirre y Palca.

Hay cuatro funcionarios que están a cargo de las visitas en las zonas más alejadas de este municipio, para identificar a esta población.

“Cada promotor tiene como 30 casos. Algunos necesitan medicamentos, fisioterapia, inserción laboral, apoyo social, psicológico. Hay gente que sufre discapacidad a causa de un accidente y no asimilan, no aceptan la discapacidad como tal”.

Las unidades municipales de atención a las personas con discapacidad cuentan con personal y recursos acorde al presupuesto de las alcaldías en las que trabajan.

Por ejemplo, Sacaba, al ser el segundo municipio con mayor cantidad de habitantes y recursos económicos del departamento de Cochabamba, tiene mejores condiciones para atender a este sector. Aiquile es una zona con más limitaciones.

En Sacaba, los funcionarios del área gestionan ayuda para atender también con sillas de ruedas, muletas y hasta prótesis.

En la casa de Richard hay una silla de ruedas que fue gestionada con la fundación Mano a Mano.

En el caso de los aiquileños, el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad de ese municipio, Primo López, es una de las personas que busca el apoyo para sus compañeros, incluso para recuperar una oficina municipal en la que están las máquinas de costura que son para un taller que podría dar trabajo a varios.

Hace algunas semanas, esta era una de las demandas que las autoridades también se comprometieron a atender.

Filomena considera que abrir el taller podría ser la primera oportunidad que ella tenga para percibir recursos económicos.

“Mis manos están sanas y puedo trabajar”.

BONO Y VIVIENDA

En caso de aprobarse el bono propuesto por el presidente Evo Morales, de 250 bolivianos mensuales, para personas con discapacidad grave y muy grave, Filomena y Richard serían beneficiarios.

En el caso de Filomena, el monto cubriría hasta los gastos de su vivienda.

Su alquiler es de 120 bolivianos, paga 32 por el servicio de agua y unos 24 por la luz eléctrica.

“Yo no gano ni un peso. El bono me ayudaría aunque sea solo 250. Don Evo tampoco va a querer dar más”.

El presidente de la Asociación de Aiquile pretende que desde el Gobierno se impulse un programa de vivienda que le beneficie a él y a sus compañeros. Recuerda que la ley hace referencia a este derecho.

Filomena ve en esta opción una salida a sus problemas porque su esposo, además, necesita una cirugía que su familia no puede cubrir por falta de dinero.

El caso de la familia de Richard es distinto porque tienen casa propia. Sin embargo, no deja de ser una preocupación que la ampliación del camino de la zona afectará a su propiedad, justo donde hay construcción.

El director de Desarrollo Humano de Aiquile explica que los temas de vivienda deben tratarse con el Gobierno nacional. Manifiesta que el municipio “puede coordinar”.










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