Existe abandono del Estado y de las familias
12 de marzo de 2017 (18:53 h.)
Hay dos condiciones que son inequívocas en las personas con discapacidad y están referidas al estado de abandono. Las condiciones son familiar y estatal.
En el tema urbano existe un abandono estatal, pero no mucho el abandono familiar. Sin embargo, en el área rural sí se ha detectado que hay un abandono familiar, con situaciones casi de postración de las personas con discapacidad, quienes ven en un máximo nivel las restricciones de sus derechos, al margen de que también existe abandono estatal.
Por eso es que se debe volver a enfocar el manejo de una política que obligue a que las instituciones estatales, en este caso los municipios que son quienes deben albergar el mandato constitucional y las políticas públicas para las personas con discapacidad, tal cual prevé las atribuciones que se ha diseñado en este escenario subnacional, asuman nuevamente esta situación de reincorporar a esta población a la vida social.
El fin es que esas familias, que tienen postradas a las personas con discapacidad en el área rural, casi guardadas, a veces porque hay datos de aparentes encarcelamientos, porque no les sacan de sus casas, no sigan así.
Los municipios van a tener que retomar y reconstruir ese tejido en la lógica de poder encontrar una inclusión social exitosa. Ése es uno de los elementos que falta por trabajar y, en el manejo que se pueda asumir de esta obligación estatal, desde luego se podrá canalizar la inclusión social y también la laboral que va a permitir dignificar la vida de las personas con discapacidad.
El tema de la educación, ni en las urbes ni en las áreas urbanas hemos logrado tener un diseño completo de todo lo que va a ser la ruptura de las barreras arquitectónicas. Esto no solamente se refiere a unir un primer piso con un tercer o cuarto nivel o por rampas sin que existan gradas que limitan la movilidad, sino también el hecho de que existan los ambientes adecuados en los baños, que estén acondicionados para estas personas.
Ni en la urbe hemos avanzado en eso. Entonces, difícilmente en el área rural vamos a encontrar esos avances. Si bien en esas zonas no existen varios pisos porque no hay unidades educativas en el área rural que tengan cuatro, cinco pisos, empero, debe existir las condiciones mínimas para el desplazamiento. En esa lógica, o en ese cuidado, las distancias son de consideración, porque no es como transitar siete cuadras. En el sector rural son áreas dispersas por su característica.
Entonces, el tema de abandono familiar obliga a que el Estado asuma la incorporación de las personas con discapacidad en el marco del derecho a la educación.
Por otro lado, en el marco del derecho a la salud también debe haber acciones, porque ni siquiera están carnetizadas estas personas.
Imaginémonos el nivel de restricción que tienen, no solamente por la bonificación, sino por la falta de supervisión de todo lo que va a ser el proceso de disfrute de su cuerpo con la acción a lo que son terapias para que puedan mejorar de acuerdo al porcentaje de discapacidad que tenga cada uno de ellos.
En el tema urbano existe un abandono estatal, pero no mucho el abandono familiar. Sin embargo, en el área rural sí se ha detectado que hay un abandono familiar, con situaciones casi de postración de las personas con discapacidad, quienes ven en un máximo nivel las restricciones de sus derechos, al margen de que también existe abandono estatal.
Por eso es que se debe volver a enfocar el manejo de una política que obligue a que las instituciones estatales, en este caso los municipios que son quienes deben albergar el mandato constitucional y las políticas públicas para las personas con discapacidad, tal cual prevé las atribuciones que se ha diseñado en este escenario subnacional, asuman nuevamente esta situación de reincorporar a esta población a la vida social.
El fin es que esas familias, que tienen postradas a las personas con discapacidad en el área rural, casi guardadas, a veces porque hay datos de aparentes encarcelamientos, porque no les sacan de sus casas, no sigan así.
Los municipios van a tener que retomar y reconstruir ese tejido en la lógica de poder encontrar una inclusión social exitosa. Ése es uno de los elementos que falta por trabajar y, en el manejo que se pueda asumir de esta obligación estatal, desde luego se podrá canalizar la inclusión social y también la laboral que va a permitir dignificar la vida de las personas con discapacidad.
El tema de la educación, ni en las urbes ni en las áreas urbanas hemos logrado tener un diseño completo de todo lo que va a ser la ruptura de las barreras arquitectónicas. Esto no solamente se refiere a unir un primer piso con un tercer o cuarto nivel o por rampas sin que existan gradas que limitan la movilidad, sino también el hecho de que existan los ambientes adecuados en los baños, que estén acondicionados para estas personas.
Ni en la urbe hemos avanzado en eso. Entonces, difícilmente en el área rural vamos a encontrar esos avances. Si bien en esas zonas no existen varios pisos porque no hay unidades educativas en el área rural que tengan cuatro, cinco pisos, empero, debe existir las condiciones mínimas para el desplazamiento. En esa lógica, o en ese cuidado, las distancias son de consideración, porque no es como transitar siete cuadras. En el sector rural son áreas dispersas por su característica.
Entonces, el tema de abandono familiar obliga a que el Estado asuma la incorporación de las personas con discapacidad en el marco del derecho a la educación.
Por otro lado, en el marco del derecho a la salud también debe haber acciones, porque ni siquiera están carnetizadas estas personas.
Imaginémonos el nivel de restricción que tienen, no solamente por la bonificación, sino por la falta de supervisión de todo lo que va a ser el proceso de disfrute de su cuerpo con la acción a lo que son terapias para que puedan mejorar de acuerdo al porcentaje de discapacidad que tenga cada uno de ellos.