Cochabamba, Bolivia, Domingo 25 de noviembre de 2012
Informe Especial
EL GOBIERNO DESEMPOLVó UN PROYECTO DE LEY PARA SANCIONAR A MENORES QUE INCURRAN EN DELITOS. EL EXVICEMINISTRO DE JUSTICIA, RENATO PARDO, CUESTIONA Y DICE QUE LA DELINCUENCIA JUVENIL NO SE RESUELVE CON DRáSTICAS PENAS

¿Imputables desde los 14 años?

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25/11/2012

Un menor detenido en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, en agosto pasado. DICO SOLIZ

Ante los numerosos casos delictivos en el país cometidos por adolescentes y jóvenes, el Gobierno ha desempolvado el proyecto de Ley Penal Juvenil que plantea reducir la imputabilidad de 16 a 14 años.

El diputado de Convergencia Nacional (CN) Tomás Monasterios, quien presentó la norma en 2010, aseguró que en el país se precisa generar mecanismos para dar sanciones ejemplarizadoras a los menores de edad que están ingresando a grupos delictivos.

“A partir de las 20:00 horas las calles son de nadie especialmente en Santa Cruz. Allí ya no se puede mandar ni siquiera a los chicos a la tienda, es muy peligroso. Vivimos en un estado de caos”, dijo al señalar que su proyecto propone enviar a los menores a centros especializados de rehabilitación.

En esa línea, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló hace unos días que se viene trabajando y la norma será presentada pronto para frenar la ola delictiva que existe en el país.

Para Monasterios, las políticas que hasta la fecha se han aplicado en Bolivia para reducir la delincuencia no han dado resultados favorables y, por ello, “es necesario rescatar a la juventud que actualmente está comenzando a conformar grupos peligrosos como las pandillas, con el objetivo de cometer delitos”.

“A diario estamos viendo y escuchando casos de narcotráfico, asalto a mano armada, secuestros y por eso saludamos la iniciativa de que se tome en cuenta el proyecto que yo había presentado hace dos años”, dijo.

Manifestó que el proyecto debe ser enriquecido y que las sanciones ya no deben ir solamente para los adolescentes, sino también para los padres de familia que, en muchos casos, no quieren hacerse responsables de los actos que cometen sus hijos.

El legislador señaló que las instituciones que trabajan para defender los derechos humanos no pueden asumir una posición sesgada ante la ola de delincuencia que hay en el país, sobre todo en los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

“No podemos aceptar estas posiciones, sin darnos cuenta que la delincuencia se ha apropiado de nuestra juventud", agregó.

En ese marco, destacó la necesidad de crear centros especializados para que estos jóvenes reciban una verdadera rehabilitación y puedan reinsertarse nuevamente a la sociedad, luego de cumplir con la sentencia otorgada.

LUCHA DESDE

LAS CAUSAS

Para evitar que la delincuencia juvenil se expanda en el país, el exviceministro de Justicia, Renato Pardo Angles, señaló que la lucha debe iniciarse desde las causas de la criminalidad y no así desde sus efectos.

Acerca de la disminución de edad de 16 a 14 años para la imputabilidad de los menores, advirtió los riesgos de esta situación y manifestó que se podría construir una sociedad que encare los problemas privilegiando la persecución penal, la recurrencia al aparato punitivo del Estado, en lugar de resolver el problema de fondo.

Para la exautoridad, aplicar esta disminución significaría la expansión del derecho penal, deparándoles a los jóvenes un trato punitivo como entes peligrosos o dañinos, negándoles el derecho a que sus infracciones sean sancionadas dentro de los límites del derecho penal liberal, tal como las garantías que universal y regionalmente establece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

“Disminuir la imputabilidad significaría que desde el ámbito criminológico y jurídico penal persiste la concepción peligrosista, que asocia a la juventud en sí misma portadora de conductas antisociales, que implica un peligro y riesgo para el resto de la sociedad, soslayando las raíces del problema: la pobreza, desigualdad y frustración social, inequidad, exclusión, discriminación, marginación y otras causas estructurales”, señaló.

Pardo, que manifestó su desacuerdo con la propuesta que el Gobierno trabaja, aseguró que está convencido que los delitos o conductas antisociales no son problemas jurídicos en sí mismos, sino que subyacen en conflictos sociales. Agregó que el sistema penal no tiene ningún efecto para resolver este tipo de problemas. Por consiguiente, los mismos no deben ser encarados recurriendo a la penalización.

FALTA DE PROTECCIÓN

El Estado debe aplicar un derecho protectivo, responsabilizándose de precautelar el proceso de desarrollo de los jóvenes, garantizando su participación en la vida económica, política y social del país, aseguró Pardo.

La visión de la juventud como fase vital conflictiva, contribuye su invisibilidad y sumisión, manifestó la exautoridad. Agregó que “considerándose las reacciones de los jóvenes como signos de degradación, comportamientos de evasión, agresividad y violencia, en la actualidad aún persiste esta visión y por eso se plantea que este sector debe ser sancionado penalmente a temprana edad”.

La ausencia de una legislación que proteja a los jóvenes se patentiza en su acceso a empleos precarios, baja remuneración de su trabajo, carencia de oportunidades. Los jóvenes trabajadores están sometidos a largas jornadas laborales y son escamoteados en sus posibilidades de ascenso, generando frustración y conformidad ocupacional. En este sentido, Pardo aseguró que existen serios vacíos para proteger a la juventud de los riesgos laborales y discriminaciones salariales derivadas de la proliferación del ingreso temprano al mercado laboral informal, que niega su participación en la seguridad social.

A decir de Pardo, todas estas situaciones provocan inestabilidad emocional por la inseguridad en los jóvenes y esto a su vez deriva en la carencia de medios que aseguren su subsistencia e integración en términos de igualdad al resto de la sociedad.

“En síntesis, los jóvenes son las mayores víctimas de este sistema y no obstante de ser así, se plantea criminalizar y penalizar su conducta a temprana edad. Lo cuál es incomprensible, peor aún si está demostrado que el incremento de las penas y la exacerbación del sistema penal es inútil para encarar sus problemas”, dijo.



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