En el proceso de elaboración de la Agenda Política desde las Mujeres una cuestión de suma importancia es el eje: “Garantías y condiciones para el ejercicio del derecho a vivir libres de violencia”.

Investigaciones realizadas en nuestro medio nos proporcionan datos alarmantes en relación al problema de la violencia contra las mujeres: 7 de cada 10 mujeres en el país han sufrido algún tipo de violencia. Entre 12 países latinoamericanos, Bolivia registra los mayores índices de violencia contra la mujer, según el estudio realizado por la OPS, 83 por ciento recibe castigo físico, 72 por ciento recibe relaciones sexuales forzadas, 44 por ciento desvalorización en el trabajo. De cada 10 personas que acuden a los Servicios Legales Integrales, 9 son mujeres, incluidas las niñas que fueron víctimas de violencia física, sexual y psicológica. Entre el 2009 y 2012 se registraron 345 casos de feminicidio (Coordinadora de la Mujer 2014).

En nuestro Estado Plurinacional se han conseguido grandes logros en cuanto a la inclusión de la equidad de género en diversos ámbitos, como es el de la participación política y presencia significativa de mujeres en las estructuras del poder estatal, o el reconocimiento de sus derechos formales. Sin embargo, la persistencia del patriarcado que significa un dominio de los varones sobre las mujeres y que es aceptado incluso por las mismas mujeres, por los valores simbólicos que se adquieren en el proceso de socialización en la familia, en las instituciones sociales, políticas y culturales, es la principal causa para la existencia de la violencia en las relaciones de pareja. De esta forma, podemos decir que la violencia anula la autonomía de las mujeres, es un impedimento para que pueda desarrollar todas sus potencialidades ciudadanas. La violencia contra las mujeres mella la dignidad de miles de mujeres todos los días y coarta sus posibilidades de desarrollo y participación en la sociedad.

La violencia ejercida contra las mujeres es un disciplinamiento en contra de la rebeldía de las mujeres frente al sistema opresor. La violencia contra las mujeres se tipifica como: violencia física, sexual y psicológica, y la máxima expresión de la violencia es el feminicidio, (término acuñado por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde). El feminicidio es el crimen causado por el esposo, compañero o conviviente, quien considera que tiene derecho sobre la vida y obra de la mujer.

En este marco, la agenda política desde las mujeres propone lo siguiente: Si bien contamos con la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, es necesario desarrollar todos los instrumentos y contar con recursos económicos y personal capacitado que garantice su aplicación.

Se pide la creación de juzgados y fiscalías y médicos forenses especializados en materia de violencia contra las mujeres es decir un sistema judicial eficiente y oportuno.

Asimismo, contar con Servicios Legales Integrales de calidad y con personal fijo y capacitado.

Las entidades autónomas subnacionales deben poner recursos en sus planes para contar con casas de acogida donde las mujeres puedan acudir en casos de emergencia.

Se deben desarrollar políticas comunicacionales orientadas a construir una cultura democrática y de respeto a los derechos de las mujeres.

Otras leyes que deben ser aplicadas son la Ley Contra el Acoso y Violencia Política y la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de las Personas.

Y por último, es necesario que todas las instancias estatales desarrollen Políticas públicas integrales para la vida digna de las mujeres libres de violencia.

Estas son propuestas trabajadas desde las mujeres para que los partidos políticos que tienen compromiso con la equidad y la justicia para las mujeres, las incluyan en sus programas electorales y más adelante en las políticas de gobierno.