El modelo del proceso de paz colombiano plantea un reto que obliga al Gobierno y a las FARC a dialogar en La Habana mientras el fuego cruzado continúa en las selvas y montañas del país suramericano, una dinámica aparentemente contradictoria cuando el conflicto se recrudece, como ocurre estos días.

En los últimos días la intensidad de la confrontación armada en Colombia creció de parte y parte, justo después de que concluyera la tregua unilateral de un mes declarada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y en pleno ciclo decimonoveno de conversaciones en Cuba.

La tregua navideña, que según varios monitoreos se cumplió en torno al 95 por ciento , evidenció que hay frentes disidentes que desobedecen las órdenes de la cúpula guerrillera y que también la fuerza pública intensificó sus acciones en las zonas de mayor presencia insurgente, de acuerdo con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

Esas unidades disidentes dentro de las filas guerrilleras se ubican en los departamentos de Antioquia y Chocó, en el noroeste; el Caquetá y el Putumayo en el sur, y el Cauca y el Valle del Cauca en el suroeste.

Pero justo un día después de finalizar el alto el fuego, el pasado jueves, las FARC irrumpieron con el primer ataque del año al activar una motocicleta-bomba en frente del edificio de la Alcaldía de Pradera, un municipio ubicado en el Valle del Cauca.

El atentado le provocó la muerte a un civil y al menos otras 61 personas resultaron heridas, siete de mayor gravedad.

Las Fuerzas Militares, por su parte, bombardearon en la madrugada del pasado domingo una zona rural cercana a Tame, municipio del departamento de Arauca (este, fronterizo con Venezuela), en el que murieron al menos 14 guerrilleros, uno se desmovilizó y otro fue detenido.

El grupo guerrillero contraatacó entonces al lanzar el lunes una bomba artesanal o "tatuco" que cayó sobre una casa y mató a una mujer en un resguardo indígena de Toribío (Cauca) mientras que otro operativo militar y policial en el Tolima, sur del país, dejó en las últimas horas siete insurgentes muertos y cinco detenidos.

La escalada de violencia se enmarca en vísperas de que termine el primer ciclo de diálogos del año en La Habana esta semana, en el que los medios locales han vaticinado que puede haber grandes avances en la firma de un preacuerdo sobre el actual tema en discusión: el problema de las drogas.

Pero el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirma que lo que pasa en el país andino no afecta en la mesa de negociaciones de Cuba, y viceversa, y según ha argumentado en varias ocasiones ese es precisamente el éxito que va a caracterizar a el intento de ponerle fin al conflicto.

"La ofensiva militar se mantiene hasta que lleguemos a unos acuerdos, como si no hubiera conversaciones en La Habana", asintió Santos el martes desde Madrid, ciudad en la que se encuentra de visita.

De la misma manera, Santos le ha pedido a los negociadores de paz del Gobierno que aceleren las negociaciones como si en Colombia "no hubiesen combates, como si no hubiesen ofensivas militares", porque así confía en lograr acuerdos pronto sin poner en riesgo la seguridad del país.

Ese proceso es el tercer intento de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, y en su diseño se tuvieron en cuenta errores del pasado para no repetirlos.

Entre ellos, según ha indicado el Ejecutivo en varias ocasiones, se ha evitado convocar una tregua bilateral porque en las negociaciones del Caguán (selvas del sur de Colombia), entre 1998 y 2002, durante el Gobierno de Andrés Pastrana, se desmilitarizó un área del tamaño de Suiza y dos veces más extensa que El Salvador, en la que la guerrilla consolidó después su presencia.

Organizaciones civiles, partidos políticos y hasta las propias FARC han pedido en numerosas ocasiones que el Gobierno acceda a decretar no obstante la tregua bilateral, un clamor que se escucha ahora con más fuerza de cara a las elecciones parlamentarias del 9 de marzo y presidenciales del 25 de mayo, para que los colombianos puedan votar en paz.