Con el propósito de realizar un diagnóstico de la situación de los Centros de Acogimiento, la Defensoría del Pueblo, realizó una investigación en 70 centros de acogida de Bolivia a Niñas, Niños y Adolescentes públicos, privados y mixtos; de administración directa, delegada y por convenio; ya sean, permanentes y temporales de los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales.

La Investigación, se realizó el 2017 y develó que existen falencias que deberán ser resueltas a través de las instituciones del Estado encargadas de prevenir la vulneración de los derechos humanos. Una de las necesidades que se deben mejorar son las condiciones físicas de los centros de acogimiento, la dotación de los servicios básicos como agua potable y gas domiciliario, provisión de extintores contra incendios, instalación de cámaras de seguridad en lugares estratégicos, así como de buzones de reclamos.

Asimismo, deben aplicarse criterios diferenciados para la atención de NNA’s víctimas de trata y tráfico, violencia sexual comercial y violación, discapacidad mental psíquica, casos de VIH/SIDA, además de otorgar atención individualizada y personalizada.

Los niveles de gobierno departamental y municipal, no cuentan con mecanismos efectivos, seguros, confiables y accesibles, para identificar el trato, las condiciones que las NNA’s reciben en los centros de acogida o si sufren violencia. Asimismo, las distintas instancias del Estado, en el proceso de restitución y adopción de NNA’s no cuentan con los mecanismos que garanticen las restituciones definitivas a sus familias de origen, no cumplen el protocolo de adopción lo que provoca la paralización de las adopciones desde 2014 hasta el 2017, lo que genera una permanencia prolongada de las NNA’s en los centros de acogida.

Por otro lado, no se tiene el registro total de las niñas, niños y adolescentes al interior de estos centros, lo que limita el seguimiento de los menores dentro de los centros, las transferencias, reinserciones, fugas, etc. Es importante que se resuelvan estas falencias para garantizar el cumplimiento de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.