De acuerdo a un estudio realizado la pasada gestión por la Defensoría del Pueblo sobre la realidad del trabajo de niñas, niños y adolescentes en Bolivia, mostró tres resultados fundamentales: primero que el problema de la vulnerabilidad y afectación de los derechos humanos es más visible y critico entre los adolescentes, quienes en su mayoría ven afectado su derecho a la educación, además que no acceden a la protección laboral ni los derechos mínimos en cuanto a salud, seguridad social, etc.

En segundo lugar, es evidente que hay una lamentable desatención de la problemática por parte de las instituciones del Estado que deben proteger, resguardar y garantizar la bienestar de los adolescentes en las actividades mineras, lo que se refleja en la permisividad y falta de control que se ejerce sobre las cooperativas que son en su mayoría, las que absorben la mano de obra de esta población y que, como hemos visto, no tienen entre sus prioridades, ni siquiera entre sus planes, implementar los mecanismos que puedan garantizarles la seguridad, la protección y el cuidado.

Y en tercer lugar, que el problema es estructural ya que al ser multi causal no puede enfrentarse desde una sola perspectiva o a través de recetas o mecanismos únicos, sino que debe enfrentarse con la participación de todas las instancias del Estado que deben ser parte como la Gobernación, el Gobierno Municipal y el Ministerio de Trabajo, pero también es necesario que se demande la participación de los adolescentes que son los sujetos sociales y los sujetos de derecho en este caso, para escuchar su opinión y encontrar con ellos los caminos más eficaces de solución. Este es un tema que hace a la naturaleza de la Defensoría del Pueblo su trabajo respecto a los derechos de los niños y adolescentes.