El Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, anunció ayer el fin de un acuerdo que ha protegido a los inmigrantes menores de edad, que impide que permanezcan detenidos más de 20 días, en un intento por frenar la migración de familias indocumentadas, que se ha disparado en los últimos meses.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) dio a conocer en un comunicado "una regla final" destinada a acabar con las disposiciones del llamado Acuerdo Flores, vigente desde 1997, que será publicada en el Registro Federal mañana y entrará en vigor en 60 días desde entonces.

El Acuerdo Flores establece protección a menores indocumentados en cuestiones como vivienda, atención médica, educación, nutrición e higiene, y los fallos judiciales que han ido dando forma a esta norma prohíben al Gobierno mantener detenidas a las familias con niños durante más de 20 días.

El secretario del DHS en funciones, Kevin McAleenan, explicó en su cuenta de Twitter que "la acción de hoy aborda una debilidad impuesta por los tribunales a la ley de inmigración, que impidió que el DHS detuviera a familias unidas durante más de 20 días y codifica compromisos críticos sobre las condiciones para los menores bajo cuidado federal".

A juicio de McAleenan, la medida adoptada este miércoles "elimina el incentivo que alienta a traficantes a explotar niños".

Pese a que ya había adoptado pasos para frenar el flujo migratorio, la Administración de Trump ha puesto el dedo aún más para reducirlo, después de que en mayo se batiera la cifra récord de 132.870 detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera con México, de las que 84.491 correspondieron a unidades familiares (que las autoridades definen como individuos acompañados de un menor, un progenitor o un tutor legal).

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) indicó que investigan "el tráfico de niños y los documentos fraudulentos usados", que, aseguran, aprovechan los "vacíos legales en la migración de las familias".

Esa agencia federal argumenta que ha detectado casos de menores utilizados por adultos con los que no tenían ninguna relación para la entrada ilegal al país, dado que las autoridades deben liberar a los pequeños en el tiempo establecido en el Acuerdo Flores, lo que obliga al inicio del proceso de regularización de las familias.

Dicho acuerdo "originalmente debía permanecer vigente durante no más de cinco años", pero se ha ido prorrogando sin que las administraciones anteriores a la actual adoptaran una regla definitiva, explicó ayer el DHS.