Evelyn, joven de 17 años, quedó embarazada producto de violencia sexual de la cual fue víctima. Tuvo una emergencia obstétrica que provocó la muerte del producto en gestación, por lo que fue acusada de “homicidio agravado” y, posteriormente, sentenciada a 30 años de cárcel. La defensa de Evelyn apeló la sentencia, pero esta fue ratificada. Se presentó un recurso de casación para anular el fallo por falta de argumentación e infracción a la regla de la sana crítica. Se anuló la sentencia y se alejó a la jueza que la dictó. Finalmente, Evelyn, ha sido sometida a un nuevo juicio y liberada de culpa, y este lunes puesta en libertad.

Todavía 16 mujeres permanecen encarceladas en El Salvador, varias de ellas víctimas de violación o acusadas de provocarse abortos, aún cuando se trataba de emergencias obstétricas. La presión internacional, la intervención de organismos de derechos humanos y la movilización de organizaciones feministas han logrado la liberación de más de 41 mujeres que han sido víctimas de la visión patriarcal de las instituciones estatales y particularmente del sistema judicial.

La criminalización del aborto es una de las expresiones más clara del control que ejerce la sociedad sobre las decisiones de las mujeres, acerca de sus vidas y sus cuerpos y la persecución y hostigamiento de las mujeres una constante en varios de los países de América Latina. 

En Bolivia, el Código Penal, aún vigente (recordemos que el Código del Sistema Penal fue abrogado) ha mantenido el aborto penado por más de 40 años, sin embargo, la realidad nos muestra que pese a la criminalización (estar considerado como delito con sanción de cárcel a quien lo practique), las mujeres recurren a esta práctica para resolver un embarazo no deseado, en casos de violencia sexual, cuando falla el método, aún, conociendo los riesgos para su salud, su vida y libertad.