El secretario de Desarrollo Humano de Quillacollo, Marco Prado, adelantó, en el programa Contacto OPINIÓN, que existen más de 10 implicados de negligencia en el caso del niño flagelado, entre exdirectores, jefes de unidad y consultores. 

“Estamos en plena etapa de investigación. El Ministerio Público debe aclarar los hechos y llevarlo a las instancias jurídicas. El lunes o martes el alcalde Willy López remitirá a los funcionarios y exfuncionarios a procesos sumarios y personas que presentaron servicios como consultores”, expresó. 

El pasado 2 de julio, la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) rescató a Ismael, un niño de nueve años que era torturado física y psicológicamente por su tía y primos, llegando a recibir 12 días de impedimento.  

En el proceso de investigación, se reveló que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia recibió en 2016 cuatro denuncias relacionadas al caso, una de ellas por agresión sexual del padrastro y otras tres por tenencia irresponsable de la madre. 

De esta manera, la Unidad de Transparencia y la Dirección Jurídica de la Alcaldía de Quillacollo intervino en las oficinas de la Defensoría, recolectando cinco folders que determinaran la responsabilidad de los distintos funcionarios a cargo, por no realizar un seguimiento al caso. 

Prado atribuye la negligencia de los funcionarios a la “ausencia de compromiso”.

“Todos los responsables de la Defensoría de los municipios trabajan bajo contrato, terminan y se van, pero su función es dejar un informe”.

Del mismo modo, indicó que se realizó un inventario de las diferentes denuncias que llegaron a la Defensoría, y se espera hallar otros casos que fueron archivados y no tuvieron continuidad.

“La idea es sentar un precedente para que los funcionarios tengan la carga moral, ética y social para cumplir sus obligaciones y si cesan dejar informes que permitan a los que vengan hacer seguimiento”.

Por otro lado, las dos aprehendidas en el caso, la tía y madre de Ismael, se espera que tengan su juicio oral en las próximas semanas. Prado indicó que el Ministerio Público está en los seis meses de  investigación.

“La mora procesal que conocemos en Bolivia está haciendo que el proceso sea dilatorio; no obstante, confiamos que el Ministerio está haciendo un trabajo eficiente. La justicia tarda en llegar, pero llega”.

Tanto la madre como la tía fueron imputadas con detención preventiva en la cárcel San Sebastián Mujeres. La primera por el delito de corrupción de niña, niño o adolescente y la segunda por intento de infanticidio.