El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que deja en manos de la Policía Boliviana y su Tribunal Disciplinario resolver la situación del director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, (FELCN), Maximiliano Dávila, involucrado en presuntos hechos de extorsión al empresario Wilson Sahonero, según ANF. No descartó  remitir el caso a la justicia ordinaria.

"La policía tiene que aplicar sus propios procedimientos, porque, el Tribunal Disciplinario como dice su nombre ve temas disciplinarios, si hubiera un elemento objetivo de que un policía cualquiera esté involucrado en un delito común tendría que remitirlo a la justicia ordinaria", manifestó la autoridad. Refirió que la denuncia de Sahonero fue prescrita hace años, pero ahora fue reabierta por la Fiscalía Policial de Cochabamba.

Romero dijo que  Sahonero anteriormente ya había realizado denuncias mediáticas haciendo ver que era un perseguido político, por eso ahora se sospecha que esta acusación es para desviar una investigación que pesa en su contra por legitimación de ganancias ilícitas.

Mencionó que el patrimonio de Sahonero es investigado, porque según el empresario, esa fortuna es gracias a la prosperidad de su periódico en Cochabamba, sin embargo,  grandes periódicos nacionales tienen problemas financieros. Recordó que el denunciante fue condenado a 10 años de prisión por narcotráfico en Alemania, debido a que enviaba droga a Europa en autos de colección.  Por estos antecedentes, agregó, es que se debe tratar con cuidado la denuncia que hace Sahonero.

Anunció que pedirá al Comandante General de la Policía,  Vladimir Calderón, emita un pronunciamiento oficial sobre este tema.

Sobre el tema, Calderón refirió que la autoridad del Tribunal Disciplinario deberá resolver la situación de Dávila. 

Este caso data de diciembre de 2015. Sahonero denunció que fue extorsionado por Dávila y otros efectivos antidroga que le pidieron  300.000 dólares  para cerrar un caso por legitimación de ganancias ilícitas. El empresario pagó el dinero y en unos meses se cerró el caso.

Sin embargo, Dávila, moviendo sus influencias, habría reactivado el caso y supuestamente volvió a pedir 200.000 dólares para dejar sin efecto el proceso, pero Sahonero se negó y habría denunciado este hecho por extorsión, según aseguró Lurwyn Ledezma, abogado del empresario denunciante.