A través de una publicación en un medio de comunicación de La Paz, Alberto Bonadona, en su artículo “Deterioro de las Pensiones”, hacía referencia a que solo un 23 por ciento de los adultos mayores de 60 años obtendría una pensión de jubilación. Sin embargo, lo que se debe entender es que para contar con ella es necesario realizar aportes al Sistema Integral de Pensiones (SIP), para lo cual la Ley 065 del 10 de diciembre de 2010 establece aportes de cumplimiento obligatorio para el asegurado y voluntarios para el trabajador que realiza una actividad laboral por cuenta propia.

Según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, publicados en su página web, a febrero de la presente gestión los asegurados del Sistema Integral de Pensiones llegan a más de 2.2 millones de trabajadores, en tanto que los asegurados independientes llegan a más de 215.000.

Lo que hay que resaltar en este tema es que en la actualidad existen adultos mayores que no tienen una pensión de jubilación, como resultado de la ausencia de políticas previsionales en antiguos gobiernos, tomando en cuenta que el resultado se ve en el largo plazo. Más aún, la jubilación se limitaba al grupo de trabajadores que se encontraba en relación de dependencia laboral: Policía y Magisterio, entre otros, incluyendo algunos sectores privados. En este sentido, el actual sistema promueve una cultura previsional de los futuros adultos mayores, permitiéndoles realizar aportes inclusive desde los 14 años de edad, velando por el bienestar de la población en un futuro próximo.

Los primeros resultados se pueden observar comparando los datos de la población jubilada. Hasta antes de la promulgación de la Ley 065 de Pensiones, que apenas alcanzaba a 30.000 y con la flexibilización en el acceso a partir de la implementación de esta normativa, los jubilados ahora alcanzan a más de 139.000 con una tendencia de crecimiento en promedio de más del 15 por ciento anual.

Es cierto que la Renta Dignidad es el beneficio universal del SIP, que no resulta de los aportes del beneficiario, y pese a ser tomado como asistencial por el economista, hay que resaltar el impacto de este beneficio en la reducción de la pobreza hecho que cobra relevancia incluso en estudios realizados por organismos internacionales. Esta política de redistribución del ingreso, reconoce el aporte de quienes en su momento fueron trabajadores que impulsaron la economía nacional, tomando en cuenta que un 84 por ciento de los beneficiarios son adultos mayores que no tienen una pensión, de esta forma se enmienda la falta de políticas previsionales de pasados gobiernos.

Sobre la rentabilidad de los Fondos de Pensiones, tema que también se comenta en el citado artículo, hay que manifestar que la administración de los recursos de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones se encuentran a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones que en su momento se hicieron cargo de estos recursos entre dos empresas internacionales para crear una competencia en cuanto a la rentabilidad de estas inversiones, sin embargo poco o nada hicieron para mejorar este indicador (...).