Cochabamba, martes 20 de agosto de 2019
Las instituciones alistan inspecciones

Hay 13 zonas que están en la mira de loteadores en el eje

Denuncias de avasallamientos y tráfico de tierras están en los siete municipios de la región metropolitana, desde Sacaba hasta Sipe Sipe.
| REDACCIÓN Twitter: @DiarioOpinion | 16 jul 2019 | Ed. Imp.

ALGUNAS CONSTRUCCIONES EN ALBARRANCHO, PREDIOS EN DISPUTA.


Al menos 13 zonas son las más “críticas” y están en la mira de loteadores, en el Eje Metropolitano, desde Sacaba hasta Sipe Sipe.

Los recientes enfrentamientos pusieron en evidencia las “debilidades” de al menos tres instituciones para controlar y evitar los avasallamientos, asentamientos ilegales y el tráfico de tierras. Se trata de las alcaldías, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y las autoridades del Parque Tunari. En Sipe Sipe, la disputa por tierras en Itapaya cobró la vida de una persona (supuesto avasallador) y otra fue enviada a la cárcel de San Antonio por portación ilegal de armas, hace unas dos semanas. En este caso, las instituciones se declararon “incompetentes” porque se trataría de un predio privado.

En Cercado, existen conflictos por las tierras de Albarrancho, serranía San Pedro y avasallamiento en la laguna Quenamari. El primero ha sido uno de los más “fuertes” porque se han generado peleas entre originarios y presuntos dueños. En tanto, el INRA declaró que se tratan de tierras fiscales y que hará un relevamientos de datos, pero a mediados de junio, los supuestos propietarios impidieron el ingreso de los funcionarios.

Colcapirhua también tiene conflictos por las tierras de Albarrancho, puesto que está en el límite. Los asentados “frenaron” su inspección.

En Quillacollo, hay líos por terrenos en el cerro de Cota y Cotapachi. En tanto, en Vinto por tierras de Combuyo. En Sacaba se registraron problemas por tierras en la urbanización Andalucía en el cerro San Pedro, además de Tuscapujllo y Korihuma. El primero es un conflicto que data de hace unos ocho años y aún está latente debido a que reaparecieron supuestos dueños que reclaman los predios y se asentaron en la zona.

Los siete municipios del Eje Metropolitano tienen problemas de asentamientos ilegales en el Parque Tunari y no han logrado resolverlos.

Datos

Problemas

El 26 de junio de 2019, el presidente Evo Morales visitó al alcalde de Cochabamba, Iván Tellería. En esa oportunidad, el Mandatario reflexionó sobre los nuevos asentamientos y el crecimiento “descontrolado” de urbanizaciones. “Las serranías deberían estar llenas de árboles, pero les estamos poniendo cemento y luego será difícil atender las demandas de servicios básicos”.

Acotó que los municipios requieren áreas verdes y de recreación y encomendó a las autoridades coordinación para evitar que loteadores invadan las serranías u otras áreas protegidas.



Control

El secretario de Planificación de la Alcaldía de Cochabamba, Rafael Sainz, manifestó que inspeccionarán los terrenos que son disputados.

Admitió que en Cercado existen muchos terrenos con líos de propiedad como en Albarrancho, serranía San Pedro, Quenamari, Parque Tunari y otros espacios. Señaló que coordinarán para realizar la intervención.

Hallan 20 construcciones ilegales en Playón Marquina

Veinte construcciones ilegales fueron encontradas ayer en una inspección al Playón Marquina realizada por el presidente del Concejo municipal de Quillacollo René Fernández (Demócratas).

El concejal dijo que en la última inspección al lugar, a principios de año, había solo dos o tres construcciones clandestinas.

“Pedimos al Alcalde la demolición, pero no hizo nada. Ante la falta de acción del Ejecutivo, se remitirá un pedido de informe sobre el estado de esos trámites”, manifestó.

En abril, luego de 13 años de disputa por esas tierras, el Tribunal Agroambiental determinó que el derecho propietario de 54 hectáreas pertenece al municipio de Quillacollo.

Fernández recordó que, desde 2008, la ley de protección de la zona prohíbe construcciones porque es una zona de recarga acuífera en la que tampoco puede haber asentamiento humano. La vigencia de esta ley fue ratificada por el Tribunal Agroambiental.

El fallo de ese tribunal establece que la Alcaldía debe efectuar tres acciones en el predio entregado. Una de ellas es elaborar un plan de uso de suelo que considere todos los proyectos que se pretenda implementar y que sean de carácter público.

Fernández cuestionó que aún no se cuente con dichos proyectos porque hay un plazo de entrega.



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