El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este lunes que en agosto de este año concluirán las investigaciones en el caso de Franclin Gutiérrez, presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), y reconoce que no se puede hablar aún de pruebas contundentes.
"Hasta fines de agosto ya tendremos los requerimientos conclusivos, en el caso de Franclin Gutiérrez (...) Existen pruebas, existen elementos que conducen a esta situación de imputación en contra de esta persona (¿Qué tipo de pruebas contundentes?) Todavía en el momento de la investigación (sobre) las pruebas contundentes, no hay una prueba tasada, no podríamos hablar de una prueba contundente y decir: ´este es el elemento (contra Gutiérrez)´", manifestó el fiscal Alave.
Informó que ha conversado con la comisión de dos fiscales que investigan este caso y hasta fines de agosto se tendría los requerimientos conclusivos.
Alave dijo que hay varios indicios que se colectaron a la fecha, las mismas han servido de base para la imputación contra Gutiérrez y su posterior detención preventiva en la cárcel de San Pedro, y pese a que el sindicado apeló en varias ocasiones se mantuvo la detención.
Mencionó que hay varios elementos contra Gutiérrez que los fiscales evaluarán ya sean declaraciones testificales, resultados de inspecciones y otros argumentos. El fiscal no especificó ni mencionó las pruebas contundentes que habría contra el dirigente cocalero.
Respecto a la reconstrucción de este caso en La Asunta, el fiscal departamental explicó que coordinan con la Policía para realizar este acto investigativo, porque al momento no se hizo debido a que no hay las garantías suficientes.
Alave dijo que la reconstrucción incluso podría llevarse dentro la etapa de juicio oral.
En agosto de este año se cumple un año desde que Gutiérrez fue encarcelado, tras ser imputado por una supuesta emboscada que habría organizado para atacar a los policías en la Asunta; producto del hecho violento un policía murió y otros siete resultaron heridos.
A la fecha, la Fiscalía no menciona qué tipo de pruebas hay en contra Gutiérrez, mientras que el Gobierno se limita a decir que hay videos y audios que demuestran que el dirigente cocalero instigaba a la violencia. Además, el Ejecutivo pidió 30 años de cárcel para el dirigente.