Cruel ensañamiento
13 de julio de 2019 (20:36 h.)
Las movilizaciones de los productores de coca de los Yungas de La Paz y la reacción del Gobierno ponen de manifiesto, una vez más, que el presidente Evo Morales no es de todos los bolivianos/as, sino, sobre y ante todo, de los cocaleros del trópico de Cochabamba, a quienes adula sin disimulo al extremo de permitirles que extiendan a casi el doble la extensión de los cocales, aun sabiendo que la coca que ellos producen tiene como principal destino la fabricación de cocaína y no el pijcheo.
No conforme con las dádivas concedidas al sector de cuyas seis federaciones es el Presidente vitalicio, valiéndose del poder que ostenta por ser el Presidente del Estado, busca por todos los medios favorecer a sus bases para que la coca que producen, sea comercializada en el mercado legal y tradicional de La Paz y así se mimetice con la coca de los Yungas y le quite el estigma de ser solo apta para la producción de la droga.
Detectada esta maniobra del Gobierno provocó que los productores de los Yungas se movilicen, pero la respuesta gubernamental fue una represión dura contra los movilizados con resultados de un muerto, heridos, perseguidos y dirigentes encarcelados y la conocida estrategia gubernamental de dividir mediante prebendas a los cocaleros de los Yungas, y mostrar (como lo han dicho, el Presidente y sus ministros) que se trata de un problema interno de las organizaciones en la que no tiene nada que ver el Gobierno, aun cuando se han movilizado más de 1.500 policías, con canes incluidos, para que ningún rebelde se les escape de su mano represora.
Resulta por demás llamativo que ahora el dirigente máximo de los cocaleros del Chapare y a la vez Presidente del Estado, haya olvidado los tiempos en los que los bloqueos por él ordenados paralizaban sin piedad al país, al extremo de que ni las ambulancias podían pasar, lo que en más de una oportunidad ocasionó la muerte de personas, o que se quite la vida a quienes se atrevieron a cruzar el cerco cocalero, como es el caso de los esposos Andrade.
Los operadores políticos del Gobierno que fungen de fiscales y jueces, desde hace meses tienen encarcelado al dirigente Franklin Gutiérrez, violando absolutamente todos sus derechos y garantías judiciales. No le reconocen el beneficio de presunción de inocencia, pero tampoco presentan pruebas sólidas para demostrar que es autor del delito que se le imputa y así concluir el proceso. Cruel ensañamiento y poco digno de un Gobierno que se ofende cuando se le identifica como dictador.
No conforme con las dádivas concedidas al sector de cuyas seis federaciones es el Presidente vitalicio, valiéndose del poder que ostenta por ser el Presidente del Estado, busca por todos los medios favorecer a sus bases para que la coca que producen, sea comercializada en el mercado legal y tradicional de La Paz y así se mimetice con la coca de los Yungas y le quite el estigma de ser solo apta para la producción de la droga.
Detectada esta maniobra del Gobierno provocó que los productores de los Yungas se movilicen, pero la respuesta gubernamental fue una represión dura contra los movilizados con resultados de un muerto, heridos, perseguidos y dirigentes encarcelados y la conocida estrategia gubernamental de dividir mediante prebendas a los cocaleros de los Yungas, y mostrar (como lo han dicho, el Presidente y sus ministros) que se trata de un problema interno de las organizaciones en la que no tiene nada que ver el Gobierno, aun cuando se han movilizado más de 1.500 policías, con canes incluidos, para que ningún rebelde se les escape de su mano represora.
Resulta por demás llamativo que ahora el dirigente máximo de los cocaleros del Chapare y a la vez Presidente del Estado, haya olvidado los tiempos en los que los bloqueos por él ordenados paralizaban sin piedad al país, al extremo de que ni las ambulancias podían pasar, lo que en más de una oportunidad ocasionó la muerte de personas, o que se quite la vida a quienes se atrevieron a cruzar el cerco cocalero, como es el caso de los esposos Andrade.
Los operadores políticos del Gobierno que fungen de fiscales y jueces, desde hace meses tienen encarcelado al dirigente Franklin Gutiérrez, violando absolutamente todos sus derechos y garantías judiciales. No le reconocen el beneficio de presunción de inocencia, pero tampoco presentan pruebas sólidas para demostrar que es autor del delito que se le imputa y así concluir el proceso. Cruel ensañamiento y poco digno de un Gobierno que se ofende cuando se le identifica como dictador.