El Gobierno de EEUU golpeó ayer con sanciones a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela por la detención y muerte del militar Rafael Acosta Arévalo, cuyo caso ha provocado la indignación de buena parte de la comunidad internacional.

"El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fue injustificada e inaceptable", afirmó el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Reiteró que "el Departamento del Tesoro está comprometido con poner fin al trato inhumano que el antiguo régimen de (Nicolás) Maduro da a los opositores políticos, civiles inocentes y miembros del Ejército, en un esfuerzo por suprimir la disidencia".

Como resultado de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro quedan congeladas todas las propiedades que la DGCIM pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y se le prohíbe hacer transacciones financieras con cualquier persona que se encuentre en EEUU.

El 29 de junio, el Gobierno de Maduro confirmó la muerte de Acosta Arévalo, quien se encontraba bajo custodia de los funcionarios de la DGCIM y había sido arrestado ocho días antes por su supuesta participación en un plan para derrocar al presidente.

Según su defensa y portavoces de la oposición, Acosta Arévalo fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida, cuando se presentó ante un tribunal militar, no podía mantenerse en pie o hablar. Dos militares de la Guardia Nacional Bolivariana han sido detenidos por su supuesta responsabilidad en la muerte.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro consideró ayer que esos dos arrestos son insuficientes y consideró que el fallecimiento de Acosta Arévalo en circunstancias poco claras es "solo la muestra más reciente de brutalidad llevada a cabo por una agencia notoria por sus métodos violentos".

Naciones Unidas denunció que los servicios de inteligencia deVenezuela

han sido responsables de "detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores políticos.