Los choferes del transporte federado de Cochabamba se rehúsan a pagar más de 0.20 bolivianos por metro cúbico de GNV como aporte para un fondo de jubilación, creado por el Gobierno, por considerar que el porcentaje fijado es elevado, dijo ayer su ejecutivo, José Orellana.

El decreto supremo 3578, de junio de 2018, que crea el Fondo Complementario de Jubilación para el Transporte Público y debió entrar en vigencia ayer, señala que por litro de gasolina cargado se debe pagar 0.64 bolivianos, 0.31 por litro de diesel y 0.80 por metro cúbico de gas natural vehicular (GNV).

“El GNV está a 1.60 bolivianos el metro cúbico. Si aportamos 0.80 sería el 50 por ciento del precio actual, eso es inviable y los dirigentes (nacionales) saben que no se puede. A espaldas de algunas federaciones se dio el visto bueno (al decreto)”, dijo Orellana.

Para que el aporte sea efectivo, cada federación sindical departamental debía enviar una base de datos con el registro de placas de quienes estuvieran dispuestos a pagar; pero en Cochabamba no se realizó el registro.

Orellana insistió en que si Cochabamba acepta pagar el aporte, el monto no será mayor a 0.20 bolivianos por metro cúbico de GNV, pero antes se debe modificar el DS 3578.

En la misma línea, el ejecutivo del Transporte Libre de Cochabamba, José Luis Flores, dijo que el viceministro de Pensiones no asistió a una reunión en la que se tenía que analizar esa propuesta y quedó sin efecto.

En tanto, el expresidente de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado Internacional, Gonzalo Baldiviezo, dijo que se están creando falsas expectativas entre los transportistas porque hay choferes asalariados que creen que contarán con una jubilación, pero el aporte irá para el dueño del vehículo, cuya placa es la que estará registrada en la base de datos que maneje el Gobierno.

Según estimaciones de la Cámara, al menos el 40 por ciento de los vehículos del transporte pesado no está a nombre del titular del camión. Incluso, hay muchos casos de compra de vehículos en los que no se hizo el cambio de nombre a favor del nuevo propietario, por tanto el antiguo dueño sigue figurando en los registros del Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT).

“Hemos analizado el decreto y hay muchos vacíos legales. Incluso no queda claro cómo harán la retención”, dijo.

La renta solidaria del transportista es de 725 bolivianos, monto que puede ser revisado por el Ejecutivo cada tres años. El aporte es voluntario y la recaudación estará a cargo de los surtidores del país, que son los agentes de retención, según el decreto. Un comunicado del Ministerio de Economía, difundido ayer, señala que la renta solidaria para el sector “no es un gasolinazo” pues no es un incremento al precio de los combustibles, sino que es un aporte individual de cada transportista y no involucra a choferes particulares.