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  • Diario Digital | martes, 19 de marzo de 2024
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CUESTIONAN FALTA DE CONSENSO

Farmacias: proyecto de ley libera de responsabilidad a propietarios

La propuesta refrenda que cualquiera pueda abrir una farmacia siempre que contrate un regente. Profesionales del sector rechazan el documento y alistan movilizaciones.
Farmacias: proyecto de ley libera de responsabilidad a propietarios


Farmaceúticos y bioquímicos cuestionan el proyecto de ley del medicamento (313-19) que establece que el incumplimiento de la normativa en la venta de medicinas recaerá solo sobre los regentes farmacéuticos, no así sobre los dueños de farmacias que son quienes mandan sobre el profesional como dueños del capital.

Esta es una de las ocho observaciones de los profesionales del rubro al proyecto elaborado por el diputado Franklin Flores (MAS), que ya fue enviado en mayo a la Cámara de Diputados para revisión y aprobación, pese a no tener consenso, según la presidenta de la Asociación de Propietarios Profesionales de Farmacias de Cochabamba (Asprofar), Giovana Cazorla.

Las observaciones fueron hechas junto a miembros del Colegio de Bioquímicos y Farmaceúticos de Cochabamba.

El artículo 45 del proyecto de ley señala que la responsabilidad de cumplir la normativa de gestión del medicamento es del regente farmaceútico, quien incluso es pasible a sanciones penales. “¿Entonces dónde queda la responsabilidad del dueño que, muchas veces, es ajeno a la profesión?”, cuestionó Cazorla.

Esta observación está relacionada con el artículo 44 sobre la regencia de servicios farmaceúticos de salud, que al igual que en la vigente Ley del Medicamento 1737, de 1996, permite que cualquier persona con capital pueda abrir una farmacia, siempre que contrate los servicios de un regente farmaceútico.

“Se atenta contra la salud porque el capitalista no conoce de medicamentos, ni sobre su acción, expendio, almacenaje ni buenas prácticas. Esta normativa (la de 1996) ha facilitado el contrabando. Hay farmaceúticos que por un sueldo mínimo se prestan a trabajar con un capitalista (que es quien decide cómo lleva su negocio)”.

El artículo 6, sobre la medicina tradicional, señala que la nueva ley del medicamento va a controlar los productos naturales. Cazorla cuestiona que no establezca también que deben ser dispensados por profesionales farmaceúticos y tampoco explica cómo se van a clasificar los medicamentos tradicionales y los naturales.

“Estos productos deben estar fiscalizados, pasar por control de calidad para obtener su registro sanitario. Eso garantiza su inocuidad y que la población no corra riesgo”, explica. El artículo 56 señala que los medicamentos especiales como los oncológicos, psicotrópicos, estupefacientes, para trasplantes, reactivos y dispositivos de uso médico y odontológico, a definirse en una lista específica, podrán ser dispensados por importadores acreditados.

Para Cazorla este es otro riesgo para la salud porque “la secretaria de una importadora no sabrá reconocer una receta falseada, ni sabrá identificar alteraciones de la cantidad. Se sabe de recetas con sellos médicos falsos y matrículas inventadas”.

El Servicio Departamental de Salud (SEDES), que regula a las farmacias, pide un descargo trimestral de la venta de psicotrópicos y estupefacientes como norma de control y seguimiento.

En abril, la jefatura de Farmacias del SEDES participó en un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) a una farmacia, en La Chimba, que vendía psicotrópicos y abortivos sin receta.

El artículo 65 del proyecto de ley señala que se reconocen los medicamentos OTC (Over The Counter, por sus siglas en inglés), que son los que no requieren receta, que solo serán dispensados en farmacias legalmente establecidas, previa elaboración de una lista aprobada por resolución ministerial.

Según Asprofar Cochabamba, la elaboración de esta lista debe realizarse con la participación de farmaceúticos y no solo con importadoras, laboratorios y distribuidoras. “El riesgo es que la lista sea definida por criterios económicos en lugar de criterios farmacológicos que velen por la salud de la población”, dijo Cazorla.

También se cuestiona el artículo 74 que crea una Autoridad de Supervisión del Medicamento, dependiente del Ministerio de Salud. Esto supone la creación de otro mecanismo de control, pese a que ya existe la Agencia Estatal del Medicamento (Agemed), creada en 2016, que controla que laboratorios, importadoras y distribuidoras estén establecidos legalmente.

En el artículo 74 se mantiene la prohibición de publicidad que induzca a la población a la automedicación, pero no define cómo se hará el control, dejando la tarea al Ministerio de salud y sin directrices claras. Mientras, se sigue difundiendo publicidad de medicamentos por redes sociales, medios de comunicación y en las cadenas de farmacias.

Adicionalmente, los profesionales del sector observan conceptos imprecisos y definiciones abstractas en el proyecto de ley, fruto de la ausencia de los directos involucrados en su elaboración.

Una carta de la Asociación Nacional de Profesionales Propietarios de Farmacias (Anprofar), enviada esta semana a sus afiliados, aclara que la directiva no participó de la elaboración del documento, como dio a entender el diputado Flores en declaraciones públicas.

También cuestionan que se haya enviado a análisis en la Cámara de Diputados sin previa socialización, a nivel nacional, como corresponde.

Anprofar emitió su rechazo al proyecto de ley y el lunes pasado solicitó una reunión urgente al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, para tratar el tema.

En tanto, se alistan movilizaciones de rechazo en todo el país.