Cochabamba, lunes 19 de agosto de 2019
Fiscalía apela fallo y dice que dos documentos muestran “ilegalidades”

Dan domiciliaria a Leyes por un caso, pero sigue preso por otro

El Juez Anticorrupción le modificó la medida al Alcalde electo de Cochabamba por Mochilas I, pero continúa en la cárcel de San Antonio por Mochilas II.
| | 18 jun 2019 | Ed. Imp.

EL ALCALDE DE COCHABAMBA JOSÉ MARÍA LEYES EN UNA AUDIENCIA, EN MAYO.


El Juzgado Anticorrupción de Cochabamba dictó ayer detención domiciliaria para el alcalde José María Leyes por la compra de mochilas escolares en 2018, caso denominado Mochilas I. Sin embargo, el imputado seguirá en el penal de San Antonio debido a que tiene detención preventiva por la adquisición de esos mismos útiles, pero para el 2017, proceso investigativo que se denominó Mochilas II.

En tanto, el Ministerio Público apeló el dictamen y recurrirá a un Tribunal de Alzada, debido a que considera “incoherente” y sin “sustento jurídico” esa resolución, que según los fiscales, no tiene relación con el informe de los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que establece al menos 11 irregularidades en esa compra.

Tras que finalizara la audiencia de cesación a la detención preventiva por el caso Mochilas I, el Alcalde celebró ayer la resolución con amistades y comerciantes. Hicieron una fila para abrazarlo y darle “palabras de aliento”.

Leyes evitó contacto con la prensa. “No puedo hablar en este momento. Les pido mil disculpas”, señaló.

Humberto Trigo, abogado del Alcalde, consideró un triunfo el fallo en favor de su cliente. “Ganamos una de dos batallas. Los abogados nos reuniremos para definir las estrategias y conseguir la libertad de José María Leyes también en el caso Mochilas II. En este momento tenemos una liberación a medias, aún nos falta vencer el otro obstáculo para que él pueda volver a trabajar”.

Acotó que esta jornada presentarán la solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva por la compra de útiles para 2017 y que hasta la próxima semana se desarrollaría ese actuado.

Por el caso Mochilas I, el juez definió la detención domiciliaria con custodios del Alcalde, además de arraigo, fianza de 200 mil bolivianos y le prohibió comunicarse con testigos, peritos y coimputados del caso. No se pronunció sobre una autorización laboral. Leyes por este proceso fue conducido a la cárcel de San Antonio, la madrugada del 30 de noviembre.

Trigo dijo que el veredicto del juez es una prueba más de que Leyes actuó conforme a lo que establece el Decreto Supremo 181, de Normas Básicas del Sistema de Administación de Bienes y Servicios, en la compra de las mochilas escolares para 2018. “Si existían apreciaciones distintas de parte de los acusadores, en esta audiencia ha quedado claro. El descubrimiento de la verdad ha permitido que el Alcalde pueda defenderse en libertad como debería ser desde el principio”.

Sin embargo, el fiscal departamental, Laslo Juan de la Cruz Vargas, acusó al abogado del Alcalde de “tergiversar” y “distorsionar” los informes periciales y las resoluciones judiciales. “No es evidente que Leyes se defenderá en libertad. Tiene medidas sustitutivas a la detención preventiva por el caso Mochilas I y sigue con detención preventiva por Mochilas II. Él tiene una multiplicidad de procesos instaurados en su contra”. Añadió que el juez entró en “contradicción” al emitir su resolución debido a que admitió la probabilidad de autoría de los hechos y ratificó los riesgos procesales de fuga y obstaculización.



INFORMES El fiscal de Materia Gonzalo Aparicio manifestó que además del dictamen de los peritos del IDIF, solicitaron un informe complementario y ampliatorio del caso, tras las presuntas interpretaciones “distorsionadas”. “Los profesionales han ratificado que existe un incumplimiento fragante por parte del Alcalde. Hay una inobservancia de normas legales que deviene de un ilegal e irregular proceso de contratación para la compra de mochilas”. Dijo que el documento fue presentado al juez.

Explicó que el informe del IDIF contiene 46 puntos de pericia que fueron solicitados por el Ministerio Público y José María Leyes.

Aparicio manifestó que uno de los principales fue establecer si el proceso de adquisición se llevó en observancia de las normas básicas. “El análisis técnico dice que la contratación fue llevada en inobservancia. También establece que la responsabilidad recae en el imputado en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)”.

El Ministerio Público sostiene que la compra se realizó a través de un proceso de contratación “simulado”. “Se quizo dar la apariencia de legalidad a partir del cumplimiento de cuestiones administrativas, pero se benefició a una empresa determinada y este direccionamiento fue con previo acuerdo”.



PLAZOS Aparicio dijo que aún están en los plazos legales del caso Mochilas I. Los seis meses de investigación vencen el 4 de julio

y luego iniciaría el juicio oral. “El dictamen pericial es uno de los últimos actuados y preveemos que el Ministerio Público requiera el informe conclusivo del caso en los próximos días”.

Sobre el caso Mochilas II, indicó que está en proceso de investigación y que está próximo a concluir.



OTRA QUERELLA La fiscal Faridy Arnez dijo que de momento no se amplió la investigación contra otros funcionarios. El alcalde suplente, Iván Tellería, presentó una ampliación de querella contra cuatro exfuncionarios por supuesto incumplimiento de deberes en el proceso de contratación de mochilas para 2018. Sin embargo, la Fiscalía realizó observaciones y la Alcaldía no subsanó en el tiempo previsto, de 24 horas. “Esa presentación de querella se la tiene por no presentada”.



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