El trabajo que comenzó este lunes y que se prevé arroje sus resultados en septiembre tiene la finalidad de que los casos que comienzan como violencia o acoso político hacia las mujeres "no acaben en feminicidios", manifestó en una rueda de prensa la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

El llamado "Plan 175 al encuentro con el pueblo", que corresponde al mismo número de municipios bolivianos, busca abarcar al 54 por ciento de las alcaldías de Bolivia de un total de 339.

El trabajo se realizará en las jurisdicciones municipales que están en sitios alejados, en las que se han reportado casos representativos de violencia hacia las mujeres, niños y adolescentes.

Este programa buscará tener un efecto en municipios con menos de 50.000 habitantes.

La acción buscará a través del desplazamiento de personal verificar los "estándares mínimos" para el cumplimiento de derechos de los grupos vulnerables, además de desarrollar un "proceso de capacitación" de funcionarios acompañado de una campaña en las comunidades locales para "desnaturalizar" la violencia, dijo Cruz.

La defensora del Pueblo indicó que son motivo de preocupación los feminicidios, que llegaron a 57 la pasada semana, y las más de 5.000 denuncias entre 2016 y 2018 relacionadas con abusos hacia niños y adolescentes que incluyen el de tipo sexual.

Este recuento de asesinatos a mujeres no toma en cuenta uno último en El Alto, la segunda mayor ciudad del país, que tuvo como protagonista a un hombre que golpeó a su pareja con un palo de hierro y que ha sido destacado por los medios locales.

Cruz apuntó que otro de los elementos delicados son los de acoso o violencia política contra mujeres que desempeñan cargos públicos y que son presionadas a renunciar a sus cargos generalmente por sus pares varones.

La funcionaria se refirió a dos casos de acoso político que se produjeron en el altiplano boliviano y que afectaron a dos concejalas.

Cruz indicó, al respecto, que algo recurrente es la falta de "normativa específica", como reglamentos de ética, que permita resolver las denuncias de acoso político en los sitios en los que se produjeron y que eviten que esas situaciones se traten en instancias nacionales.

Bolivia cuenta desde 2013 con una ley que protege a las mujeres de todo tipo de violencia y que castiga el feminicidio con treinta años de prisión.

La norma obliga que las Gobernaciones y Alcaldías canalicen dinero para la construcción de centros de acogida además de políticas para enfrentar esa lacra.

Sin embargo, a juicio de Cruz, pese a tener esas fortalezas, "faltan procesos de fiscalización" que se encarguen de que todo el aspecto operativo vinculado con la prevención y atención de casos de violencia funcionen.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia busca que con esta estrategia "se dé atención efectiva, oportuna y eficaz" a la población y que con ello se apoye en la prevención de futuros casos de violencia o agresiones con desenlaces trágicos.