Ante la polémica desatada por el proyecto de una nueva terminal para Cochabamba, con capital privado, y la falta de acuerdo sobre el tema entre la Alcaldía y la Gobernación, especialistas cuestionan la falta de estudios técnicos que determinen, según criterios de planificación territorial, cuál es el mejor sitio para su construcción.

Un estudio de proyecto urbano y otro de centralidades urbanas es lo que se requiere para planificar cualquier nueva área de equipamiento como una nueva terminal de buses, un aeropuerto o un hospital explica el arquitecto Jhonny Antezana, especialista en urbanismo y planificación.

El Proyecto Urbano Integral es un instrumento que busca resolver la problemática de un determinado territorio dotándolo de diversos tipos de servicios carentes en una zona.

Mientras que la centralidad urbana es un estudio que trata de resolver los problemas de funcionalidad que se superponen en un territorio.

Por tanto, estos proyectos, debido a la complejidad de las condiciones que requieren, no pueden construirse, trasladarse o prohibirse a pedido de un sector de la población o por mera decisión administrativa.

Antezana señala que, en Bolivia, hay poca experiencia sobre el tema y que La Paz es el único municipio que ha comenzado a aplicar este concepto.

El presidente del Colegio de Arquitectos de Cochabamba, Limberth Mercado, coincide con la necesidad de planificación y afirma que no debe ser un proyecto privado por el conjunto de condiciones que requiere, entre ellas el cumplimiento de requisitos medioambientales o la accesibilidad.

Pone como ejemplo la falta de un estudio serio sobre las rutas de transporte, ya que un pasajero de la zona Norte o de Tiquipaya tendrá que cubrir mayores costos e invertir más tiempo para llegarhasta la zona de Albarrancho, donde se proyecta la obra.

Sin embargo, mientras Mercado afirma que al ser una terminal interdepartamental, debería ser proyectada y construida por la Gobernación (sin que esto impida que la administración se adjudique a un privado); Antezana dice que un proyecto de este tipo debe cumplir con dos condiciones: primero, ser definido por el Gobierno local donde se implementará (es decir, por la Alcaldía de Cercado) pero con un alto nivel de coordinación con otras instancias, entre ellas el Consejo Metropolitano y, segundo, un equipamiento de esta escala requiere estar inscrito dentro de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Jaime Veizaga, el empresario que impulsa el proyecto de la nueva terminal para Cochabamba afirma que el proyecto está respaldado por dos leyes municipales: la Ley 0159/2016, que aprueba el “Plano general del área urbana de Cochabamba” y la Ley 0163/2016 de reasignación de uso de suelo, de “Área de uso agropecuario a área de equipamiento y usos especiales”, otorgando un predio para la nueva terminal.

“Hubo un estudio previo (para emplazar el actual proyecto). En Cochabamba no hay terrenos, analizamos con los transportistas (del Sindicato de Omnibuses) dónde construir una nueva terminal y le propusimos a la Alcaldía (hacerlo en Albarrancho). A raíz de eso es que se hicieron estudios y el Concejo emitió esas dos leyes municipales”, afirma.

Antezana explica que, en Cercado, no existe un Plan de Ordenamiento Territorial, la falta de esta herramienta limita la elaboración de políticas y normativas que acompañen el crecimiento urbano sostenible. Sin embargo, para el informe de cambio de uso de suelo, la Alcaldía habría recurrido al Plan Territorial de Desarrollo Integral, un instrumento operativo y de gestión municipal que, en su criterio, no cumple los requisitos que exige un POT.

A eso se suma la falta de coordinación entre la Gobernación y la Alcaldía, pues mientras el Gobierno departamental afirma tener dos alternativas para construir una nueva terminal, como lo ratificó hace varios días el secretario de Planificación, Filemón Iriarte; la Alcaldía afirma que la Gobernación no tiene competencia.

“Y es verdad, lo que sí puede hacer es pedir coordinación e información al Gobierno local”, afirma Antezana.

Explica que, según la Ley de la Región Metropolitana, de la que el Gobernador es el presidente, el Gobierno departamental puede elegir el sitio de una nueva área de equipamiento (en este caso de una nueva terminal), licitar y construir. Pero no tiene capacidad técnica ni experiencia en temas de planeamiento ni ordenamiento territorial, que sí tiene el municipio.



FICHA AMBIENTAL El proyecto de Veizaga cuenta con licencia ambiental firmada por la Gobernación, con Certificado de Dispensación Categoría III No. 030101-06/DRNMA-FNCA-No. 0137, fechada en noviembre de 2018.

El documento también señala que el proyecto está dispensado de hacer estudios de evaluación de impacto, pero debe aplicar medidas de mitigación ambiental y el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA).

Sin embargo, tanto el Gobernador como el secretario de la Madre Tierra, Gonzalo Muñoz, afirmaron esta semana que el proyecto no puede construirse en la zona debido a la contaminación que generaría.

Justamente la falta de un estudio de evaluación de impacto ambiental es lo que Antezana cuestiona, porque no se considera que, si se construye, degeneraría la actividad agrícola en el Distrito 9, lo que supondría que, en el largo plazo, al menos el 80 por ciento de dicha actividad desaparecería en las zonas de Albarrancho y La Maica.

Las mismas consideraciones deben hacerse en el caso de la implementación de un nuevo aeropuerto.

Para construir una nueva terminal aérea, el estudio de centralidades urbanas debe tener en cuenta el flujo de vuelos, la necesidad de nuevas aeronaves con mayores exigencias de operabilidad y evaluar qué actividades y funciones urbanas conexas existen, entre otros aspectos.

Desde 2015, el municipio de La Paz aplica el concepto de centralidades urbanas.

El sitio web de la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública explica que el Programa Centralidades Urbanas tiene como reto implementar el “nuevo modelo de desarrollo urbano sostenible para La Paz”, que busca el equilibrio en relación a los servicios que la ciudad debe brindar a sus habitantes para hacerla más accesible, humana, sostenible, resiliente y con sistemas sólidos de cohesión social.

Apuntes

Concurso de expertos

El presidente del Colegio de Arquitectos de Cochabamba, Limberth Mercado, señala que lo que corresponde es que se convoque a un concurso de proyectos, entre especialistas, para planificar obras de ese tipo, algo que está establecido en un convenio firmado entre la Gobernación y el Colegio de Arquitectos.



Riesgo de urbanización

La legislación en el país es “frágil, permeable a los intereses políticos y económicos”, afirma el arquitecto Jhonny Antezana.

Es por eso que la construcción de una terminal en Albarrancho pone en riesgo de urbanización a la zona y a otras áreas de influencia.

“El precio del suelo urbanizado se elevará en el mercado, los campesino querrán vender sus terrenos y eso dará lugar al ingreso de loteadores”, señala.



Tarea de región Kanata

En mayo de 2014, los municipios de Sacaba, Cercado, Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Vinto y Sipe Sipe constituyeron la Región Metropolitana Kanata, resultado de un largo proceso de concertación que comenzó en 2011, después de visualizar los problemas comunes en los siete municipios.

Entre ellos están el agua, los servicios básicos, el crecimiento urbano, la contaminación, el transporte, la inseguridad y el desarrollo humano.