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  • Diario Digital | viernes, 19 de abril de 2024
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TRIBUNAL RESOLVIÓ AMPARO CONSTITUCIONAL

Justicia ordena restituir a concejala víctima de acoso

La Defensora del Pueblo afirmó que el derecho al trabajo, la presunción de inocencia, defensa y el debido proceso de Vicencia Apaza, fueron vulnerados.
Justicia ordena restituir a concejala víctima de acoso


La Sala Constitucional Tercera de El Alto, constituida en el Tribunal de Garantías, falló a favor de la concejala del municipio de San Pedro de Curahuara, distante a unos 150 kilómetros de la ciudad de La Paz, Vicencia Apaza, y ordenó la restitución a su cargo, informaron el sábado fuentes institucionales, según ABI.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, que estuvo presente en la audiencia, consideró que el derecho al trabajo, la presunción de inocencia, defensa y el debido proceso de Apaza, fueron vulnerados.

Explicó que la concejala no puede ser alejada del cargo hasta que se verifique la suspensión o pérdida de mandato a través de una resolución ejecutoriada.

A fines de 2018, según la Agencia de Noticias Fides, se conoció que Apaza era víctima de acoso político por parte de sus colegas del Concejo Municipal. En esa oportunidad denunció que era sistemáticamente aislada, le negaban información de las sesiones e incluso el acceso a documentos, por haber denunciado hechos de corrupción.

Como antecedente, según ERBOL, Apaza explicó que en 2016 presentó una denuncia penal por uso indebido de bienes del Estado, porque la camioneta del Concejo Municipal estaba siendo utilizada para fines particulares de la directiva, en actividades como traslado de muebles, heladoras, colchones, arroz y hasta pollos broaster.

Apaza, tras ser alejada del Concejo Municipal, presentó un amparo constitucional al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en contra del presidente, vicepresidente y secretario del Concejo Municipal de San Pedro de Curahuara, además, una denuncia por acoso político ante la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría de Pueblo inicio una investigación y se constituyó, junto a la Asociación de Concejalas de La Paz y la Asociación de Concejalas de Bolivia, en un tercer interesado en la acción de amparo constitucional presentada por Apaza.

Cruz precisó que tras una investigación defensorial se comprobó la denuncia de acoso político en contra de Apaza, para acortar o suspender su mandato sin un fundamento legal establecido en las normas, según un boletín de prensa.