Según los dirigentes de Casegural, la Ley de Prioridades -dijo Meneses- gastaría recursos de los derechos adquiridos y sus beneficios sociales, situación que "queremos desmentir en forma categórica, porque la Ley de Prioridades no atenta contra la estabilidad laboral, los derechos adquiridos y menos los beneficios sociales de los trabajadores", señala la nota de prensa de la CNS.

Meneses indicó que los recursos que se tienen en caja y banco están destinados de preferencia para la inversión pública y "no se utilizan para pagar estos beneficios sociales y que los derechos están plenamente garantizados por leyes y normas en favor de los trabajadores".

Además, indicó que estos pagos se realizan con los recursos que ingresan durante cada gestión, con ingresos propios, y que los derechos por ley están protegidos por normas, desde la Constitución Política del Estado hasta las normas internas de la institución.

También aclaró que la Ley de Prioridades fue promovida en el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana, donde se encuentran afiliados todos los entes sindicales, maestros, fabriles, mineros, jubilados, rentistas y otros, incluidos trabajadores de la CNS.