El 18 de febrero de 2019, el sargento Gary Martínez publicó una solicitada en la que denunciaba que el capitán Sandy era el "brazo operativo" del abogado Jhasmany T.L. y quien le proporcionaba armas, granadas de gas y archivos personales de los camaradas que investigaban ellos casos en su contra. Según su abogado, Gustavo Pantoja, lo hizo confiado en el llamado que hizo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a denunciar las irregularidades o delitos cometidos por policías, para limpiar la institución. Sin embargo, ahora el denunciante se convirtió en denunciado.

Según el abogado de Martínez, Gustavo Pantoja, la Dirección de Investigación Policial (Didipi) abrió un proceso en contra de Sandy y ya presentó un pliego acusatorio por faltas graves ante el Tribunal Disciplinario. "Pero, en el mismo pliego acusatorio de Sandy, el fiscal policial ordenó que se inicie un proceso de oficio en contra del sargento denunciante, por haber agraviado a la institución policial, lo cual no es correcto porque la denuncia se hizo velando por la institución y es un deber constitucional".

Pantoja sostuvo que procesar a un denunciante de corrupción se convertirá en una advertencia para que ningún otro policía se anime a revelar los delitos. El sargento Gary Martínez es investigado disciplinariamente por una falta prevista en el artículo 13 numeral 13 de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía, referida a "recurrir de manera verbal o escrita a medios de comunicación para emitir agravios en contra de la institución y sus componentes".

Según el abogado, el sargento considera que la falta por la que se le investiga no se enmarca en la realidad porque él no emitió agravios contra un componente, sino que cumplió con su deber de denunciar corrupción. Recordó que lo dicho por su cliente coincide con las declaraciones vertidas por los mismos cómplices del abogado Jhasmany T.L., quienes declararon ante la Fiscalía que el capitán Sandy filtraba fotos e información de los investigadores de los procesos contra el abogado y que le habría ofrecido pagar parte de sus honorarios con granadas de gas y una pistola lanza gas.

Martínez y Sandy tienen un conflicto anterior a esta denuncia. El sargento aseguró en la solicitada del 18 de febrero que se enfrentó legalmente a su superior, luego de que este iniciara una relación sentimental con su exesposa y contratara los servicios del bufete Leclere y asociados, para amedrentarlo y "quitarle desde la potestad sobre su hija, hasta bienes materiales". Según denunció el sargento, en la misiva, Sandy fue ayudante del Comando de la Policía desde 2017 "y desde allí trabajó para Jhasmany". La denuncia sobre "las represalias" asumidas en contra del sargento son de conocimiento de varios medios de comunicación y del Defensor del Pueblo.