Gonzalo Chura Mamani, albañil de oficio, fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz en octubre de 2017 por el delito de violación, pese a que las pericias científicas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) lo exoneran de responsabilidad. Su abogado denunció que los jueces no valoraron las pruebas presentadas.
Gonzalo fue denunciado en 2015 por Martha, su hermana mayor, de haber violado en varias oportunidades a su hija de 11 años, sin embargo, con el avance de las investigaciones y estando ya en el juicio ella presentó dos desistimientos, donde señala que los hechos declarados por su hija nunca ocurrieron y se trató de un "error". La madre de Gonzalo, Jacinta, y su hermana menor, Sandra, revelaron que la denuncia por violación que interpuso Martha en contra de Gonzalo tiene como motivo una venganza por la disputa de un patrimonio familiar, por lo que se estaría ante una versión armada.
Gonzalo lleva tres años y ocho meses purgando condena en el penal de San Pedro de La Paz, con todas las consecuencias que eso implica en el sistema penitenciario nacional, por un delito que, él asegura, no cometió, como también dejan entrever las pruebas a su favor. Los plazos para su apelación son largos y retardados y ya en cinco oportunidades los jueces le negaron medidas sustitutivas "por no contar con un trabajo formal", pese a que sí lo hizo. El proceso se encuentra en apelación.
El hecho se remonta a agosto de 2015, cuando la relación entre Gonzalo y sus hermanas mayores -Martha y Elizabeth- entró en su peor momento. El 29 de ese mes, a las 02.30 de la madrugada, Gonzalo (25) fue detenido en la casa -que es motivo de disputa- donde vive junto a su mamá y a su hermana Sandra, por un contingente policial muy bien armado, como si se tratara de una persona sumamente peligrosa. Su hermana Martha lo denunció por agresiones graves y maltrato constante, pero al llegar a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) no pudo demostrar ese extremo. Ella fue al IDIF a obtener una certificación de la agresión, pero no regresó.
El personal policial, tras decirle a Gonzalo que no debía pelearse con su hermana por la casa de su mamá, y, por el contrario, cederle su parte a ella, le hizo firmar un acta de buena conducta. Tras cumplir ocho horas de arresto fue liberado, pero sus pertenencias -billetera con dinero, carnet de identidad y celular- se "perdieron" en la estación policial de la avenida Pando, donde pasó la noche.
Tras salir de su detención al día siguiente, cerca de las 09.00, fue al encuentro de su hermana menor, Sandra, que trabajaba por la terminal de buses, pero antes de encontrarla, un vehículo policial, que llevaba a su hermana Martha en la cabina, lo interceptó y lo notificó para que se presente a la fiscalía por una denuncia de violación.
El 2 de septiembre de 2015 Gonzalo se presentó a la fiscalía y fue aprehendido por supuestamente haber violado a su sobrina, hija menor de Martha, que hizo su declaración ante la Defensoría de la Niñez y dijo haber sido víctima de abuso sexual y violación en forma reiterada por parte de su tío, desde los seis años. Dijo que su tío trepaba la pared de su casa cuando ella estaba sola para abusarla.
La fiscalía sumó a la declaración de la niña un certificado médico forense de fecha 17 de agosto de 2015 que señala "himen con desgarro antiguo", como elemento de acusación.
Si bien existe un examen médico forense del 17 de agosto de 2015 que señala que la niña sufrió violación de antigua data, existe otro examen médico forense del 5 de julio de 2014, de casi un año antes, que indica que la menor de edad sufrió "himen con desgarro reciente", en las 24 horas pasadas, cuando tenía 10 años, elaborado por el médico Christian Vargas Camacho, quien en la audiencia del juicio oral contra Gonzalo dio fe de que la niña fue llevada por su madre, en ese entonces, y reconoció a su primo, hijo de Elizabeth, la hermana mayor, como el autor del hecho.
La pericia concluye que la niña tuvo su primera relación sexual con la violación de su primo a sus 10 años, por lo que la versión de que ella venía siendo abusada por su tío desde los seis años constituye una versión falsa. Además, que la niña, según los testimonios registrados en el cuaderno de investigaciones, no vivía en la zona de Pura Pura, donde supuestamente ocurrieron los hechos, desde los seis años. Martha, la madre de la menor, se rehabilitaba en un centro de alcohólicos, mientras la menor de edad vivía en la cárcel de Miraflores con su tía Elizabeth, que purgaba condena.
"Lo extraño en eso fue que durante el juicio lo que han intentado la Defensoría y el Ministerio Público es que este documento (certificado de violación de 2014) que se ha obtenido legalmente sea sacado del juicio, han planteado la exclusión probatoria para que no sea tomado en cuenta por el tribunal, porque sabían que este documento demostraría que la violación por parte de Gonzalo Chura no existía", apuntó el abogado Wilmer Vargas.
La familia de Gonzalo dijo a ANF que fue él quien le insistió a Martha para que haga la denuncia en 2014 y lleve a su sobrina al forense, pero este hecho agudizó las diferencias entre ellos. La denuncia no prosperó por abandono de Martha.
La menor de edad en su declaración ante la Defensoría también dijo que su tío la obligó a tener sexo contra natura en varias oportunidades, "ante eso se le realiza un examen proctológico a la menor y la médica forense María del Carmen Valderrama dice que en el examen proctológico ha salido sin alteraciones, aspecto que detalla que en la credibilidad de la menor no hay una veracidad", señaló el abogado Erlan Jerez.
Otro dato contradictorio en la declaración de la niña es que en un primer momento, ante la Defensoría de la Niñez, dijo que los abusos de su tío se dieron cuando ella se encontraba sola en su casa, y que éste para ingresar trepaba la pared, pared que según versión de uno de los testigos no existía y fue levantada recién en 2015. En su declaración ante el juez, la niña cambió la versión y señaló que los hechos ocurrieron en la casa de su tío, donde vive su abuela, y que éste inclusive la golpeaba con la hebilla de la correa. El examen forense no mostró ningún rastro de violencia física.
Otro aspecto observado, dijo Jerez, es que en la evaluación sicológica en la Defensoría de la Niñez, se percibe en la menor "una declaración forzada porque hay palabras que una niña difícilmente va a decir".
Jerez indicó que la Defensoría de la Niñez se basó desde un primer momento en el Código Niño Niña Adolescente que presume la credibilidad del testimonio de la menor si no se comprueba lo contrario, pero "nosotros conseguimos elementos que ponían en cuestión" la declaración de la niña, y "nos ha extrañado sobre manera que la menor no haya sido sometida a una cámara Gesell para poder hacer la indagación de algunos datos", y "tampoco se le haya hecho una valoración sicológica sobre la credibilidad de su declaración".
Dijo que estos elementos eran esenciales para determinar si la menor decía o no la verdad, sin embargo, no fueron admitidos por el Ministerio Público.
"Nos hemos topado con un Ministerio Público cerrado, una Defensoría de la Niñez completamente aislada que seguía acusando a Gonzalo pese a las pruebas presentadas a su favor, nosotros creemos que ha sido una sentencia sumamente descabellada porque científicamente se ha demostrado que la veracidad de la niña está cuestionada y los elementos determinaron que fue otra persona quien la abusó", manifestó el jurista.

La disputa por el patrimonio

Jacinta Mamani, madre de Gonzalo, es una mujer de pollera de 69 años que camina asistida por un bastón tras quedar afectada en un accidente de tránsito. Ella da fe de que su hijo nunca presentó una conducta inapropiada y que el conflicto con sus hermanas mayores siempre estuvo presente por la disputa de la casa que es de su propiedad.
Cuando su esposo falleció hace trece años solo dejó el pequeño terreno en Pura Pura que ahora tiene tres ambientes construidos, y es habitado por ella, Gonzalo y Sandra. Dice que sus hijas mayores siempre estuvieron distantes y eligieron sus caminos desde hace mucho, pero ahora reclaman la casa.
Jacinta pide justicia para su hijo. Dice que era el único que veía por ella. Está cansada y sin fuerzas por esta situación que se ha llevado el poco dinero que juntó con su hija Sandra, para buscar la liberación de Gonzalo. Llora de pena por su hijo y por ver a sus hijas confrontadas.
Cuenta que en una ocasión para dar solución a la disputa por la casa convocó a sus cuatro hijos para hablar sobre la repartición, pero no logró una solución armoniosa.
"Martha quería la mitad y Elizabeth lo mismo, y ni para mi iba a quedar nada, yo soy mujer sola, a dónde voy a ir", dice angustiada.
Desde entonces siempre ha habido peleas por la casa, recuerda, y Gonzalo siempre sacó cara por ella y por su hermana Sandra.
Sandra afirma que incluso por esa situación era maltratada en la calle por sus hermanas mayores: la golpeaban y escupían, pero desde que Martha se echó para atrás en el desistimiento de Gonzalo ya no da la cara. Martha no habla con ella ni con su mamá desde hace más de un año.

El desistimiento

Con el avance del juicio y la inminente sentencia condenatoria contra Gonzalo, su hermana Martha lo visitó en el penal de San Pedro y le pidió perdón en dos oportunidades, según contó Jacinta y Sandra, por haber iniciado la denuncia. Ella se comprometió a ayudarlo con los gastos y desistir del caso. Lo hizo en dos oportunidades, según los registros a los que accedió ANF: el primer desistimiento es del 25 de julio de 2017 y fue presentado ante los jueces del tribunal; y el segundo es del 1 de agosto del mismo año, presentado ante la fiscal de materia, en ambos documentos señala que lo que confesó su hija "nunca había ocurrido".
"Pude concluir que mi hija (...) emitió declaraciones falsas dentro del proceso de investigación", se lee en el documento dirigido a los jueces.
"Mi persona se cercioró de los hechos y que lo manifestado por mi hija no contenía veracidad, además que la misma me confesó que nunca había ocurrido lo que indicó a la psicóloga, y es por eso que al encontrarse injustamente procesado mi hermano por un error de mi hija y mi persona, es que de manera inmediata ofrecí un desistimiento", se lee en parte del oficio dirigido al fiscal.
Pese a los desistimientos, Martha se presentó como testigo en el juicio oral y negó en la audiencia que haya querido dejar el caso, también negó que visitó a su hermano en la cárcel. La fiscal del caso acusó a Sandra, la hermana menor, de haber falsificado la firma de Martha en los desistimientos y la amenazó con un proceso penal. Sin embargo, hay registros legalmente acreditados del ingreso de Martha al penal de San Pedro y a la sección donde está su hermano. Ante el pedido de la defensa de Gonzalo de una pericia para demostrar que es la firma de Martha la que está en los desistimientos, el Ministerio Público se opuso.
Sandra cuenta que días después encontró a Martha en la calle y la increpó por haber cambiado repentinamente de opinión sobre decir la verdad y apoyar a su hermano, y ésta le respondió, según cuenta: "La Defensoría me dijo que tengo que seguir en el caso porque si no se iba a tomar mi denuncia como falsa y a mí me iban a procesar, además que me iban a quitar a mi hija".
El 23 de octubre de 2017 los jueces José Luis Quiroga Flores y Patricia Aguilar Aguilar fallaron declarando a Gonzalo Chura culpable del delito violación y le impusieron una pena de 20 años de cárcel, mientras que el juez presidente Iván Elmer Perales Fonseca emitió voto disidente al no existir "la suficiente prueba que cause convicción".
"Dicha convicción no fue superada por las pobres y escasas pruebas producidas en el juicio oral al no señalar de forma objetiva cómo se realizaron los hechos y la agresión sexual por el imputado, al existir una agresión sexual anterior del año 2014 -ocasionado por su primo- que nunca fue investigado y cuyo delito queda impune (...) por lo que correspondía emitir una sentencia absolutoria", se lee en parte del voto.
Los abogados piden a los jueces que valoren correctamente las pruebas presentadas ya que "científicamente está demostrado que Gonzalo es inocente". Demandan al Ministerio Público y a la Defensoría de la Niñez poner la objetividad por delante porque "están ocasionando en Gonzalo un gran perjuicio, y hasta el momento no ha habido un juez que le haya podido otorgar ningún tipo de cesación" a la detención preventiva.
Dicen que desde la etapa preparatoria han ido tropezando con objeciones a pesar de que han ido presentando ampulosa documentación. Para ellos se trata de una versión armada por las hermanas de Gonzalo para sacarlo de la repartición de la casa.