Cochabamba, domingo 16 de junio de 2019
Denuncian retardación de justicia y encubrimiento

Exjuez acusado de “dirigir” 52 causas a su Juzgado está libre y caso no avanza

En la vía administrativa, la pesquisa terminó. Un juez disciplinario suspendió por un mes al exjuez y desestimó la denuncia contra la secretaria.
| | 19 may 2019 | Ed. Imp.

FRAGMENTO DE CARTA DE VÍCTIMAS AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.


El exjuez Iver Fernando R. F. , con ayuda de dos exfuncionarias, no solo “dirigió” una causa irregularmente hacia el Juzgado Público Civil 7, sino un total de 52 procesos, en 2017, según documentos de una denuncia. Sin embargo, hasta la fecha, la Fiscalía y el Consejo de la Magistratura no han contactado a las víctimas de esas causas para descubrir cuál era el interés en juzgar esos casos, y la configuración de otras faltas y delitos.

 No solo eso. El exjuez, que fue detenido preventivamente en una cárcel, ya salió con medidas sustitutivas y las dos exfuncionarias que lo ayudaron en la presunta comisión de este delito, Leyci P.M. y Claudia U.J., también están libres.

De acuerdo a un informe de la Unidad de Informática del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), solicitado por requerimiento fiscal en 2018, de los 52 casos dirigidos sin sorteo, 36 pasaron directamente al Juzgado Público Civil 7 con la clave de la auxiliar Leyci Cindy P.M., y otros 11  fueron introducidos por la secretaria Claudia U.J.  Se estableció que un proceso fue a parar, finalmente, a otro juzgado, y cuatro son de segunda instancia. 

Sin embargo,  existen versiones de que los afectados son 93 y no 52. En los últimos días circuló en diferentes grupos de WhatsApp del ámbito judicial una nueva lista de 93 casos que ingresaron al SIREJ sin sorteo y directamente al Juzgado Público Civil 7, entre el 4 de febrero y el 14 de noviembre de 2017.

Entre los demandados, que son los afectados, figuran personas particulares, el hospital Viedma, una cooperativa, una empresa de venta de autos, un banco y otros. Entre los demandantes figuran diversas entidades financieras, instituciones y personas particulares. Todos habían sido introducidos por Leyci P.M. y Claudia U.J.

La fuente de esta lista es el documento CITE OJ-SIE-010-2018 emitido por el administrador de sistemas del Consejo de la Magistratura, pero aún se investiga su autenticidad.

 

¿ENCUBRIMIENTO? Las víctimas, empero, no ven avances en las investigaciones penales ni en las disciplinarias, pese a la gravedad de lo sucedido. Creen que hubo encubrimiento desde el principio, pues aseguran que los vocales de Sala Plena y el Consejo de la Magistratura conocían de los delitos cometidos por el Juzgado Público Civil 7 desde el 12 de octubre de 2017, cuando el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia Jimy Ruddy Siles les remitió denuncias de víctimas y certificaciones de que se había detectado un modus operandi para no cumplir la norma de sortear los procesos nuevos que incluía la falsificación de sellos y firmas de dos funcionarios de ventanilla de Recepción y Plataforma.

Empero, estas autoridades dejaron pasar cuatro meses sin cumplir su deber de iniciar acciones penales y disciplinarias contra los integrantes del Juzgado Público Civil 7. Tampoco evitaron que se sigan introduciendo causas sin sorteo. En noviembre de 2017, el juzgado seguía vulnerando el SIREJ, pese a que el Consejo de la Magistratura y los vocales de SalaPlena lo sabían desde el 12 de octubre, según consta en documentos.

Ante el silencio de las autoridades judiciales, Sidia Alba, representante legal de dos víctimas a las que el exjuez les congeló las cuentas bancarias tras ser demandadas por la resolución de un contrato verbal, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, donde también experimentaron la retardación de justicia ante los requerimientos que solicitaban.

La abogada, en una de sus cartas al Consejo de la Magistratura, del 20 de febrero de 2018, les recordó: “Señores, la asignación directa de una causa a un juzgado específico solo tiene una intención: favorecer al demandante, en complicidad con abogados patrocinantes, por lo que se trataría de un delito de consorcio de abogados y jueces”. Las misivas continuaron, pero Sidia Alba no obtuvo respuestas.

Tras una investigación preliminar, la Fiscalía tomó declaraciones a todos los involucrados y recibió varios informes, entre ellos el del encargado distrital de Servicios Informáticos, ingeniero Alan Vásquez Velarde, quien entregó la lista de casos ingresados por Plataforma y de los procesos que no entraron legalmente por esa vía. Coincidentemente, estos últimos corresponden al Juzgado Público y Civil 7. 

El 27 de agosto de 2018, la Fiscalía corporativa especializada en delitos contra la fe pública presentó una resolución de imputación penal en contra de el exjuez Iver Fernando R.F., la auxiliar, la secretaria del Juzgado y el hombre que demandó a las dos víctimas representadas por Sidia Alba.

 Pese a la imputación penal, el juez Iver Fernando R.F. continuó en el Juzgado  donde ocurrieron los delitos. El 5 de octubre de 2018, Sidia Alba volvió a presentar una queja porque, a casi un año de su denuncia, los funcionarios del Juzgado Público Civil 7 no habían sido sancionados, a pesar de que se conocía que ya eran 52 los casos ingresados sin sorteo de plataforma.

El 11 de noviembre de 2018, OPINIÓN publicó la denuncia de dos víctimas. El 12 de noviembre, la representante del Consejo de la Magistratura Delina Zurita intervino el Juzgado Público Civil 7, y accionó un proceso disciplinario en contra de los funcionarios.  Además, anunció que la Unidad de Control y Fiscalización de esa instancia investigaría en profundidad.

 Tras la pesquisa inicial, el Consejo de la Magistratura decidió destituir al juez Iver Fernando R.F.  El 28 de febrero de 2019, tras una audiencia cautelar, el exjuez Iver Fernando R.F. y la secretaria abogada del Juzgado Público Civil 7 Claudia U.J. fueron enviados con detención preventiva a las cárceles de San Sebastián Varones y Mujeres. La auxiliar Leyci P.M., que es la que más procesos introdujo irregularmente, se benefició con medidas sustitutivas.



LIBRES El exjuez permaneció en la cárcel algo más de dos meses. Antes del 7 de mayo de 2019, Iver Fernando R.F. solicitó una audiencia de cesación de la detención preventiva y, tras acreditar que no se dará a la fuga ni obstaculizará las investigaciones, salió con medidas sustitutivas.

La secretaria del Juzgado Público Civil 7 Claudia U.J. también salió en libertad. Claudia y Leyci no fueron suspendidas, pese a que ellas introdujeron de manera directa las causas usando sus claves de acceso al SIREJ. En 2018, ambas renunciaron a seguir trabajando en el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.



FALLO DISCIPLINARIO La Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura denunció al exjuez Iver Fernando R.F. y a Claudia U.J. por dirigir una causa al Juzgado en el que trabajaban.

Al exjuez se le sindicó de cometer una falta grave del artículo 187 numeral 2 de la Ley 025 y a la secretaria se la acusó de cometer una falta gravísima del artículo 188 numeral 3 de la Ley 025.

En el caso del exjuez, la denuncia fue declarada “probada” y se le sentenció a “una suspensión del ejercicio de sus funciones por un mes, sin goce de haberes. La sentencia, además, puede ser apelada.

El Juzgado Disciplinario 1 del Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia disciplinaria interpuesta contra Claudia U.J. y dispuso el archivo de obrados. Leyci P.M. ni siquiera fue investigada. Estos fallos fueron firmados por el juez disciplinario 1, Rubén Gustavo Coca Muñoz.

Magistratura pedirá

que se convoque a

más víctimas de exjuez

En relación al escaso avance de las investigaciones penales, de las que el Consejo de la Magistratura debería convertirse en parte, el asesor general del Consejo de la Magistratura Johnny Rocha y el encargado de los procesos penales de esa instancia, Marco Hinojosa, explicaron que la titularidad de la pesquisa la tiene el Ministerio Público y es el que debe ampliar la investigación si surgieran nuevos elementos.

Sin embargo, explicaron que la Fiscalía conoce de la existencia de 52 casos dirigidos sin sorteo, pero, tratándose del mismo delito, y de las mismas personas, pueden decidir que la pesquisa continúe por concurso real de delitos.

“Si una cajera hurta un día 1.000, otros día 2.000 y otro 3.000, no se abrirán distintos casos, sino uno solo por hurto sistemático”. En el caso del Juzgado Público Civil 7 se ha solicitado un informe a Sistemas sobre todos los casos que han sido manipulados informáticamente. El año pasado, a denuncia de dos víctimas representadas por Sidia Alba, se conoció que eran 52.

“El Ministerio Público lo sabe, pero es un paquete de los mismos delitos. El caso es investigado por la Fiscalía por prevaricato, manipulación informática e incumplimiento de deberes, aunque existe la agravante de víctimas múltiples. Hay concurso real de delitos”, señalaron los abogados.

Consultados sobre por qué no se ha convocado a las otras víctimas o personas demandadas en los 52 casos, Rocha dijo que están atentos a los pasos de los fiscales que llevan el caso, para ver si deciden acumular casos o no.

Hinojosa acotó que la Fiscalía sí buscó a algunos demandados, “pero lamentablemente no quieren apersonarse, no han ido a declarar”. Rocha se comprometió a que se apersonarán con una nota administrativa solicitando que al menos 20 o 25 demandados sean convocados a declarar como testigos.

En relación a las cartas enviadas por litigantes que están preocupados porque el SIREJ, que depende del Consejo de la Magistratura, siga siendo “perforado” por funcionarios o jueces inescrupulosos que buscan torcer la justicia, los abogados se comunicaron con la encargada de Informática y esta garantizó que el sistema, que había sido abierto para que auxiliares y secretarios puedan ingresar causas antiguas, ya ha sido deshabilitado para evitar que sean ingresados procesos nuevos, sin sorteo. Sobre la posibilidad de que otros jueces y funcionarios del país hayan aprovechado para hacer lo mismo que hizo el Juzgado Público Civil 7, los asesores dijeron que desde Sucre se pidió informes al Departamento de Informática para detecar si más causas nuevas fueron introducidas sin sorteo, pero solo se sabe de las 52. Se verificará si la lista de 93, que circula en redes sociales, con códigos y nombres de demandados, es auténtica.



Tags: libre,caso,avanza,Juzgado,causas,acusado,“dirigir”,Exjuez

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