El calificativo más suave que merece la reacción del Ministro de Gobierno, Carlos Romero, que amenazó con procesos penales contra las personas que tuvieron expresiones negativas sobre su autoridad a raíz del escándalo de los narco vínculos en que se vieron involucrados algunos jefes y oficiales de la Policía Boliviana, jueces, magistrados, fiscales y otros funcionarios públicos, es que es inapropiada; peor aún cuando indica que lo hará usando para sus asuntos particulares un mecanismo para rastrear publicaciones anónimas de las redes sociales que tiene a su cargo.

Estas amenazas llaman la atención al venir de un abogado que largos años de su vida profesional los dedicó a la defensa de la gente que lo necesitaba frente a los abusos del poder político y económico, como es el caso indígenas de tierras bajas cuando trabajaba en CEJIS, porque con esa actitud pasa a ser parte de aquellas autoridades o representantes nacionales, departamentales o municipales pertenecientes al oficialismo que buscan amedrentar con juicios a cuanta persona se atreve a cuestionar su trabajo o denunciar sus actos de corrupción.

A lo largo de estos 13 años, los del partido de Gobierno no han descansado un día en su propósito de acallar las voces descontentas de la gente a través de presiones a la prensa, amedrentamiento a periodistas y hoy van contra las RR.SS. porque su aspiración máxima es tener mudos batiéndoles palmas o papagayos repitiendo lo que les instruyen para que sus delicados oídos no se resientan, olvidando que hace muchísimas décadas la humanidad se ha dotado de reglas fundamentales que garantizan la libertad de expresión por cualquier medio y ponen freno a las tentaciones totalitarias de los gobernantes.

Es cierto que algunas personas, aprovechando el anonimato, más allá de la denuncia o la crítica dura, lo que hacen es dar rienda suelta a su vulgaridad y a un odio enfermizo, ese que a su vez es abonado con palabras y acciones del propio Presidente del Estado. Pero, aun en esos casos, que un hombre de Estado como Carlos Romero pierda su tiempo y haga perder el tiempo de funcionarios a su cargo para resolver temas personales, existiendo hechos muy graves que requieren que todo el aparato del Estado se ponga en acción como es el caso del narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando, la trata de mujeres, niñas y niños, la corrupción, los feminicidios y muchos otros que en ocasiones usan las redes sociales para perpetrarlos, no puede sino merecer el reproche de la sociedad.