La aparición de redes de aportantes truchos que cubrían la provincia de Buenos Aires y sirvieron para financiar la campaña electoral macrista en 2017 empañaron esa imagen de angelical inocencia de la que siempre ha querido rodearse María Eugenia Vidal y dificultaron el financiamiento futuro de la Alianza Cambiemos. Por otra parte, aunque la causa de las fotocopias de cuadernos haya tenido tantas irregularidades y esté viciada por los aprietes del fiscal Carlos Stornelli, el trato discriminatorio a los procesados, la demonización de los gobiernos kirchneristas y la proliferación de detenciones sin sentencia firme, también puso en discusión lo que fue un secreto a voces de la política argentina durante tantas décadas: la cartelización de la obra pública y la escasa transparencia en el financiamiento de los partidos. En su recientísimo libro, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner destaca la antigüedad de las principales empresas de obra pública -más de 100 años en algún caso- por lo que considera "indignante y abusivo a la inteligencia" pretender que tuvieron que esperar al 2004 para aprender el modo de cartelización.

En manos de otros funcionarios políticos y judiciales estos escándalos pudieron haber contribuido a una discusión seria sobre estas cuestiones, pero hubiera sido excesivamente ingenuo albergar expectativas en ese sentido con el Gobierno neoliberal y la mayor parte de los jueces de Comodoro Py. El proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos que ayer fue aprobado en el Congreso ha querido presentarse como una respuesta moralizadora que transparentará los aportes a las campañas. Lejos de eso, no hace más que consolidar el elemento central en la corrupción de la vida institucional: el financiamiento de los grandes capitales que tarde o temprano condicionan las decisiones políticas. Por otra parte, este proyecto -que no aprobaron solo los legisladores de Cambiemos- revela cómo entiende el PRO la cacareada transparencia porque no se ataca la principal causa de corrupción, sino que se la transparenta y se la legitima. 

A partir de la caída de los socialismos reales, la izquierda ha ido abandonando aquella visión de una sociedad futura de la transparencia absoluta que haría innecesaria la existencia del Estado, entendiendo los riesgos de esa concepción tan irreal como incompatible con una idea de profundización permanente de la democracia. Paradojalmente, esa idea de la transparencia absoluta es sostenida hoy por el neoliberalismo. 

A esta altura, el lector se rebelará contra nuestra manía de apelar a cuestiones teóricas y nos recordará con razón que la presencia de Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción, ignorando los ilícitos presidenciales, debería eximirnos de cualquier asociación entre macrismo y transparencia. Sin embargo, hay también una meta ideal de transparencia en el neoliberalismo. Es la visión de la sociedad de la información en el mundo globalizado bajo la dirección del gran capital. Transparente porque tienden a desaparecer los sindicatos que con sus demandas traban a la plena realización de ese ideal, las pequeñas empresas que no se acoplan a esa perfección tecnológica que requiere una cada vez mayor concentración. En suma, todos los que no comprenden que en un mundo de individuos independientes, toda apelación a lo colectivo supone complejidades innecesarias. Retarda, además, el advenimiento de esa sociedad  de gente absolutamente libre y absolutamente sola que encontraremos al final del camino, aunque no todos puedan llegar hasta allí.

No es sorprendente que un gobierno que nombró en los más importantes cargos a los CEO de las principales empresas de cada sector, sostenga, sin tapujos, que la política es cuestión de los muy ricos y proponga una ley que acentúa las desigualdades en el acceso al financiamiento. Al reivindicar, una vez más, el derecho de los poderosos a gobernar, y a solventar más costosas campañas electorales, se consolida una tendencia a la desigualdad que está inscripta en el mismo funcionamiento de la sociedad. La asimilación entre personas físicas y jurídicas, concediendo a ambas la posibilidad de aportar en las campañas, resulta contradictoria con la idea básica de la democracia (...).