Desde las tres de la tarde, el sargento de la Policía Santos A.P. fue sometido ayer a una audiencia de medidas cautelares en el Juzgado de la Estación Policial Integral Sur (EPI Sur). Dos horas y media después, el juez ordenó su detención preventiva en la carceleta de Arani.

En principio, la fundamentación de la aprehensión no fue explicada claramente por una fiscal asignada al caso y la autoridad judicial pensó que Santos A.P. siempre tuvo título en provisión nacional, y que solo mal utilizó la matrícula de un difunto.

Fue necesaria la intervención de otro asesor legal para explicar que Santos A.P. engañó durante siete años a varias unidades de la Policía, presentando un diploma y un título en provisión nacional falsificado, cuyos códigos les pertenecen a otros profesionales, según certificó la UMSS.

Santos A. preentó estos documentos fraguados y con ellos trabajó como asesor de diferentes unidades desde 2011 hasta 2018, cuando recién se graduó de abogado y se inscribió al Registro Plurinacional de Abogados. Los siete años anteriores a su titulación atendió casos de laPolicía Boliviana y de sus camaradas, usurpando funciones y obteniendo beneficios en razín del cargo de asesor que no le correspondían.

Además, cuando la Fiscalía Policíal emitió una circular recordando que la Ley de la Abogacía en vigencia prohíbe que servidores públicos que ganan un sueldo del Estado actúen como abogados de casos particulares, en contra de su misma institución, Santos A.P. optó por seguir defendiendo casos de sus camaradas utilizando una matrícula obtenida irregularmente en el Colegio de Abogados, pues está a nombre de Silvano Fernández Mamani, un hombre que nunca terminó la carrera de Derecho y que falleció en 2011. Decenas de policías a los que defendió ilegalmente temen que sus procesos sean anulados.