El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Raúl Grandy, ordenó ayer en la mañana la suspensión del asesor legal del Comando Santos A.P., y anunció que presentará una querella en su contra ante el Ministerio Público, porque no solo existen indicios de la comisión de faltas muy graves, sino también de delitos penales. En la tarde, la fuerza anticrimen aprehendió al asesor por los delitos de falsedad ideológica y material, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión.

Por un lado, Santos A.P. será acusado de utilizar documentos falsificados de Silvano Fernández Mamani, un ciudadano que falleció en 2011, mientras estudiaba la carrera de Derecho en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y que nunca pudo convertirse en abogado. Sin embargo, “alguien” fraguó un título en provisión nacional y, con el mismo, tramitó la matrícula de Silvano ante el Colegio de Abogados.

Con esa matrícula, obtenida irregularmente a nombre de un difunto que ni siquiera llegó a graduarse como abogado, Santos A.P. firmó memoriales para cobrar por defender a los camaradas que enfrentan procesos disciplinarios y que hoy están preocupados porque sus procesos podrían ser anulados.

“Se están tomando todas las previsiones necesarias. El caso es investigado por la Didipi, la FELCC y ya instruí a los asesores jurídicos para que se haga la denuncia formal como Comando ante la Fiscalía”, dijo el coronel Raúl Grandy.



7 AÑOS DE ENGAÑO Pero, ese no es el único delito. Santos A.P. logró engañar a la Policía de Cochabamba durante siete años. Desde 2011 fingió ser abogado y trabajó como tal fraguando documentos universitarios.

Se convirtió en asesor legal y pasó por las unidades de Bienestar Social, por el Tribunal Departamental Disciplinario, la Asociación de Sargentos, Clases, Suboficiales y Policías (Ansclasspol) y del Comando Departamental de la Policía, sin tener título de abogado.

La Unidad de Archivos de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) certificó que Santos A.P. recién obtuvo su diploma académico y su título en provisión nacional en febrero y marzo de 2018. Sin embargo, el asesor legal había presentado ante el Comando de la Policía, en 2011, un diploma signado con el número 330 y un título en provisión nacional que figura con el número emisión 562 para acreditar que ya era profesional.



FALSEDAD Al respecto, el rector de la UMSS, Juan Ríos del Prado, certificó ayer que “que el diploma 330 y el título en provisión nacional 562 a nombre de Santos A.P., de 2011, corresponden a los emitidos en favor de otras personas, por lo que se colige que son falsos y carecen de todo valor legal. En consecuencia, corresponde al Departamento de Asesoría Legal proceder conforme a ley”. Esto significa que la UMSS también se querellará contra Santos A.P. por falsedad ideológica, material y uso de instrumento falsificado.

¿Por qué usar a un difunto?

De acuerdo a la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía, un servidor público no puede ser abogado particular en defensa de un camarada y en contra de su institución que es la que le paga su salario. La Fiscalía Policial emitió una circular recordando esta normativa que es de aplicación obligatoria, de acuerdo a la Ley 101 y el artículo 164 de la Constitución Política del Estado, pues se detectó que asesores legales del Comando de la Policía y directores de unidades policiales fungían como abogados particulares en procesos disciplinarios. La hipótesis de los investigadores es que, al no poder oficiar de abogado de sus camaradas, por esta cirular, el sargento Santos A.P. optó por seguir la defensa de sus clientes utilizando la matrícula ilegal del difunto Silvano Fernández, pese a que este ni siquiera había terminado la carrera de Derecho.

Convocan a policías y

civiles a sentar denuncias

Tras la aprehensión de Santos A.P., el comandante de la Policía de Cochabamba, coronel Raúl Grandy, convocó ayer a los policías que se hayan visto afectados por la defensa ilegal que el sargento hizo en diversos procesos entre 2011 y enero de 2018 (cuando aún no era abogado) o por la representación del difunto Silvano Fernández Mamani, cuya matrícula fue obtenida con documentos fraguados en el Colegio de Abogados.

“Santo A.P. sorprendió la buena fe el Colegio de Abogados y del Comando de la Policía. Los policías o las personas particulares que fueron patrocinadas en procesos por cualquiera de los dos, al final se trata de la misma persona, pueden fomalizar denuncia en la FELCC”, señaló Grandy, a tiempo de advertir que no se permitirá la comisión de faltas y menos delitos en esa institución.

Las faltas y los delitos que serán investigados

Santos A.P. sacó ventaja de los documentos que fraguó para hacerse pasar por abogado cuando aún no lo era. En la Policía, cuando un agente demuestra que estudió otra carrera más, es beneficiado con dos años de antiguedad en la institución. El asesor legal suspendido del Comando solicitó ese beneficio en 2012, con un diploma y un título de abogado falsos.

En la vía penal, Santos A.P. podría ser imputado por falsedad material, uso de instrumento falsificado, ejercicio ilegal de la abogacía durante siete años, contratos lesivos al Estado, incuplimiento de deberes y beneficios en razón del cargo.

En la vía disciplinaria, será procesado por el artículo 14 numeral 15 de la Ley 101 que se refiere a “expedir o presentar certificados o copias legalizadas de documentos falsos o alterados en su contenido”.