La Fiscalía de La Paz presentó ayer la acusación formal ante el Juzgado Segundo Anticorrupción contra el expresidente de la Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Guillermo Achá y otros 20 funcionarios implicados en presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de tres taladros a la empresa italiana Drillmec por un valor de 148.8 millones de dólares

El fiscal anticorrupción a cargo del caso, Germán Rea, explicó     a EFE que el proceso comenzó en abril de 2017 al advertir "irregularidades" en la contratación de la empresa por parte de funcionarios de YPFB

Esas "irregularidades" se cometieron "a través de distintos actos administrativos, acciones y omisiones, mediante las cuales, presuntamente, se vulneró la normativa", dijo el fiscal Rea

Los acusados, entre ellos el expresidente de YPFB y el representante legal de la firma italiana Diego B., están procesados por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, entre otros

De acuerdo con el fiscal, en la investigación se evidenciaron actos supuestamente irregulares en la contratación de tres taladros de perforación, como una "ilegal aceptación de un poder sin valor jurídico, sin un documento de constitución de empresa, y de un registro tributario observado"

El presidente Evo Morales destituyó al responsable de la empresa pública cuando saltó el caso y señaló que las posibles irregularidades se detectaron a tiempo, aunque descartó un daño económico al Estado boliviano

Además de Achá están ausados los funcionarios David P. A., Bismark S. P., Gizel S .R., Félix M. B. M., Julio J. N., Cinthia M. N. S., Carmen L. T. G., Paola A. O. R., Maira G. V. O., María E. A. C., Roxana L. N. U., Mario A. D. V., Miguel A. B. S., Martín E. P. P., José M. R. G., Fabián R. A. T., David F. V. R., José P. S. S., Diego B. y Pedro P. H. F.
ANTECEDENTES Achá es el segundo presidente de YPFB procesado por corrupción

En 2012, Santos Ramírez Valverde, expresidente de YPFB, fue condenado  a 12 años de cárcel por la ilegal adjudicación de obras a la empresa Catler Uniservice, encargada de la construcción de una planta separadora de líquidos. El asesinato del empresario  Jorge O’Connor D’Arlach en 2009 destapó el escándalo Catler.
 El miembro del directorio de YPFB por la Gobernación de Santa Cruz, Víctor Hugo Áñez, dijo a Página Siete el pasado 14 de abril que YPFB  pasó de ganar más de 1.000 millones de dólares en 2008, a  solo 262 millones, en 2017.