El Consejo de la Magistratura, enterado de las protestas ciudadanas por la decisión de tres jueces de mantener a un feminicida sentenciado encerrado en su casa particular, y no en la cárcel, anunció ayer que efectuará un seguimiento del caso a través de la Unidad de Control y Fiscalización.

La representante del Consejo de la Magistatura de Cochabamba, Delina Zurita, fue quien confirmó a este diario la decisión de controlar y fiscalizar el accionar de los jueces del Tribunal de Sentencia 1 de Sacaba, señalados como los responsables de instruir que el condenado por feminicidio, Pabel Lara, se mantenga detenido en su casa, pese a que incumplió las medidas de seguridad instruidas antes por esas mismas autoridades, como la existencia de custodia policial en el domicilio.

El 18 de abril de 2019, en un juicio oral en Sacaba, Pabel Lara fue hallado culpable del feminicidio de Nataly Ballón, a quien mató a golpes en su vivienda de la zona de Quintanilla el 2 de noviembre de 2017.

La abogada de la Fundación Voces Libres Mercedes Cortez recordó que el 4 de noviembre de 2017 Pabel Lara fue sometido a una audiencia de medidas cautelares y fue enviado a la cárcel de El Abra, pues se estableció que existían varios riesgos procesales.

Sin embargo, desde el 24 de agosto de 2018, Lara gozaba de la medida sustitutiva de la detención domiciliaria, otorgada por los mismos jueces que después lo sentenciaron, pese a que la defensa de la familia Ballón había presentado una apelación el 21 de agosto, y a que la norma señala que no se puede llevar adelante una audiencia de modificación de medidas, sin resolver primero las apelaciones pendientes. Los jueces David Gamón Nicolás, Aleyda Gómez Iporre y Rosmery Torrez Terrazas instruyeron ese 24 de agosto de 2018 que Pabel Lara tenga custodio policial, que sea arraigado (para que no salga fuera del país), que pague una fianza de 50.000 bolivianos y se le prohibió que se comunique con las víctimas y testigos.

El 6 de octubre de 2018, el Comando de Sacaba emitió un informe en el que advierte que no pudieron ubicar el domicilio de Lara para poder cumplir con la asignación de custodios y pidió al Tribunal que el imputado brinde un croquis y otros datos. Tres días después, el 9 de octubre, los jueces ya nombrados, “en lugar de conminar al imputado, y esta es la primera irregularidad que observamos, solo pone en conocimiento de Pabel Lara el informe del Comando y le dice que presente fotos y copias legalizadas de su registro domiciliario”, advierte Cortez.

Pasaron otros cinco meses hasta que, el 26 de marzo de 2019 el Comando de la Sacaba vuelve a emitir un informe dando cuenta que Pabel Lara incumplió con su deber de presentar su registro domiciliario ni el croquis de su casa.

“Estos dos informes son la prueba plena de que Pabel Lara incumplió la orden judicial, y no tuvo custodios policiales ni cumplió con las medidas de seguridad establecidas por ley”, detalló la abogada.

Para Cortez, existiendo estas pruebas y ahora un sentencia de 30 años de reclusión, lo que correspondía era revocar la detención domiciliaria.

Los otros incumplimientos de Pabel

Una semana después de ser condenado a 30 años de cárcel por feminicidio, Pabel Lara compareció el 24 de abril de 2019 a una audiencia de revocatoria de la medida de detención domiciliaria solicitada por la defensa de la familia Ballón, no solo por incumplimiento de las medidas de seguridad, sino también por obstaculización.

“La Fiscalía fue más allá del incumpliniento detener custodios. Presentó las declaraciones de testigos en sentido de que Lara les amedrentó incluso antes de declara en juicio”, describió la abogada Mercedes Cortez. Además, se presentaron informes de que “dos policías oficiosos,que no fueron designados como custidios, y que debían prestar servicio en El Abra, fueron a cuidar a Pabel Lara durante el juicio, por lo que serán remitidos a investigación policial interna”. Para la abogada, Lara está induciendo a estos policías a simular, falsamente, ser sus custodios solo durante el juicio, por lo que se teme que después tratará de darse a la fuga. “Los tres jueces se encerraron por dos horas en debate e ignoraron los informes y todos los incumplimientos del condenado, para favorecerlo”.