Un popular refrán asegura que se debe medir con la misma vara todas las acciones que realizan las personas, sean buenas o malas, de modo que se obre con la mayor justicia posible.

Sin embargo, no siempre sucede eso. Algunas personas que cometen una infracción o un delito son castigadas duramente, mientras que a otras se les aplica la ley con benevolencia, porque gozan de favores políticos.

En los últimos días se abrió una polémica después de que el coronel de Policía David Flores fuera dado de baja, tras un proceso sumario de cuatro meses, por aparecer en un spot en defensa del referendo del 21 de febrero de 2016.

Los policías no pueden deliberar ni participar en acción política partidaria desde sus instituciones, según el parágrafo II del artículo 251 de la Constitución Política del Estado, pero se debería medir con la misma vara a todos.

Y con este refrán nos referimos a la noticia difundida por la Agencia de Noticias Fides, en cuyo portal se asegura que el general Abel de la Barra, ex Comandante General de la Policía, participó públicamente, en 2017, en una campaña por el Movimiento Al Socialismo, pero no fue procesado.

El numeral 24 del artículo 12 de a Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía señala como falta grave que un miembro de la institución haga "pública ostentación de su militancia política, haciendo proselitismo en unidades estando en servicio activo", por lo que se deduce que el general Abel de La Barra debió ser sancionado.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, justificó la baja del coronel Flores porque incurrió en una falta disciplinaria al participar del spot en favor del 21F. Dijo que en los casos de Abel de la Barra y Faustino Mendoza, estos no hicieron declaraciones políticas ni estaban con la polera del MAS.

De acuerdo con los antecedentes que tenemos de estos tres casos, no se ha juzgado con la misma medida a los tres jefes policiales, según la oposición, porque Abel de la Barra y Faustino Mendoza tenían o tienen vínculos con el partido de Gobierno.

Pero este tema no se queda en el ámbito policial. Cuando se trata de obras mal ejecutadas por los alcaldes, en algunos casos se procesa a las autoridades con celeridad y se aplica sanciones rigurosas, pero en otros se demoran los juicios, sin que se llegue a una sentencia condenatoria.

Esta situación se puede percibir también cuando existen bloqueos, si hay uno protagonizado por contrarios al partido gubernamental, la Policía actúa en forma rápida y despeja los caminos, como manda la Constitución, para garantizar la libre transitabilidad en los caminos.

Pero, en otros casos, cuando los bloqueadores son afines al Gobierno, prima el diálogo y la tolerancia por parte de la institución policial y no se hace uso de la fuerza para despejar los caminos.

No se puede usar balanzas diferentes para unos y otros, porque se estaría actuando en forma errónea. Quienes están a cargo de las instancias que procesan los diferentes delitos deben ser imparciales y aplicar la ley.

La justicia no debe ver a quién juzga, sino el delito que cometió, porque, lamentablemente estamos acostumbrados a que se sancione con celeridad a quien no tiene dinero ni poder, mientras que el que tiene influencia sale casi siempre bien librado de la justicia.