Cochabamba, lunes 19 de agosto de 2019

Condenados sin sentencia

| Abogada y directora de la OJM julietamontaño@gmail.com | 21 abr 2019 | Ed. Imp.

Cuando en una sociedad la democracia no es más que una palabra decorativa, las instituciones dejan de cumplir el objetivo para el que fueron creadas, cada una convertida en parcela de quien ejerce el poder político se adecúa dócilmente a la voluntad de éste. De nada sirven las leyes ni los procedimientos solemnemente aprobados, los funcionarios, independientemente de la jerarquía que ostenten, se someten con la seguridad de que en el futuro no tendrán que rendir cuentas ni responder por el daño que causan sus decisiones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes.

Han transcurrido 10 años desde que fueron enviados a la cárcel líderes cívicos de la ciudad de Santa Cruz, acusados de ser integrantes de un supuesto grupo terrorista formado por quienes fueron sumariamente ejecutados en el hotel Las Américas. Sin embargo, y no obstante el tiempo transcurrido, hasta la fecha no existe sentencia, ni tan siquiera de primera instancia, empero, continúan privados de libertad en la cárcel de Palmasola Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, sometidos a un régimen cruel, inhumano y degradante en violación a todas las normas y protocolos nacionales e internacionales existentes sobre la materia. Las solicitudes de modificación de las medidas cautelares por el delicado estado de salud de los detenidos no son atendidas porque el Ministerio Público, que en una década no fue capaz de probar su acusación con pruebas idóneas y legalmente obtenidas, apartándose de las obligaciones que le imponen tanto el Procedimiento Penal como su Ley Orgánica, se opone tenazmente a la petición de los acusados y por la absoluta falta de independencia y rigor jurídico del tribunal que conoce el caso que, ante las amenazas vertidas por miembros del Órgano Ejecutivo se resiste a considerar, al menos la sustitución de la cárcel por arresto domiciliario, que es igualmente privación de libertad, pero que al menos facilitaría una atención adecuada a la salud de los detenidos.

Al parecer, las autoridades judiciales no son conscientes de las responsabilidades que acarrea su irresponsable e ilegal decisión de mantener condenados sin sentencia, tampoco el Gobierno que obstaculiza el desarrollo correcto del proceso, imaginan que tarde o temprano el Estado podría ser obligado a resarcir por el daño causado a todos los ilegalmente perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados en el conocido como “Caso Rozsá”. Lamentable, pero será la herencia que deje al próximo Gobierno.



Tags: sentencia,Condenados

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Opinión en Twitter
Opinión en Facebook
Portada Impresa