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  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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Inocentes en las cárceles

Inocentes en las cárceles
Las cárceles del país siguen siendo un dolor de cabeza para las autoridades, toda vez que el hacinamiento se incrementa cada día y el porcentaje de personas detenidas preventivamente se mantiene en niveles vergonzosos para el sistema judicial boliviano.

Un informe hecho público por el Parlamento, a mediados de marzo pasado, daba cuenta de que el hacinamiento superaba el 330 por ciento de la capacidad de los penales del país, cuyas infraestructuras, además, no fueron construidas para que funcionen como recintos penitenciarios.

Los penales tienen capacidad para albergar a 5.805 reclusos, sin embargo, actualmente acogen a 19.161 personas.

En muchos de los casos son casonas que fueron adaptándose a la necesidad de recluir a personas que cometen delitos, construyendo ambientes improvisados y precarios, unos sobre otros.

Otro dato conocido es que el 68 por ciento de los internos de las cárceles está con detención preventiva, sin sentencia ejecutoriada, muchos por uno, dos o tres años, según información que difunden periódicamente las mismas autoridades judiciales.

Una pequeña muestra de ello es que en el último censo, que se realizó en los penales, cuatro reclusos que seguían encarcelados pese a haber cumplido sus condenas, fueron liberados, tras detectarse injusticias, del penal de Palmasola de Santa Cruz.

Se debe recordar también que este y el pasado año se conocieron casos de personas que estuvieron encerradas en penales, varios años, sin haber cometido delito alguno.

Las injusticias, enumeradas líneas arriba, son pruebas fehacientes de que la justicia en el país adolece de fallas, que no se corrigen pese a que estas observaciones datan de hace una o dos décadas. Al contrario, los males se profundizan y el hacinamiento crece.

Cuando una persona demuestra que ha sido encarcelada en forma injusta, el trámite para recuperar su libertad demora demasiado y, por lo menos hasta ahora, lo único que recibe es una disculpa y la promesa de que se investigará quién es el culpable de su encierro injusto.

Después de que los medios de comunicación dejan de centrar su atención en un caso, todo queda como una estadística más.

Otro aspecto observado y denunciado hasta el hastío por los medios de comunicación es que las cárceles son “administradas” por los reclusos, quienes, de acuerdo con su organización interna, se dan el lujo de cobrar derecho de piso (cuota) a los nuevos que son encarcelados, y de apalear a quien se resiste a pagar.

La pregunta que surge es, ¿cuándo se sentará finalmente la presencia del Estado en los penales? ¿Se deberá pensar en transferir la responsabilidad de las cárceles a otra entidad que no sea la Policía.

Estas interrogantes deberán responder, con propuestas claras, las autoridades de Régimen Penitenciario y del Ministerio de Gobierno para prevenir que los penales se conviertan en espacios tan peligrosos como ocurre en otros países, donde se escucha de muertos y heridos casi cada día.

Estamos todavía a tiempo de mejorar la situación de los penales, para que se solucione el hacinamiento y se libere a quienes ya cumplieron su sentencia. Asimismo, se deberán implementar programas de reinserción, de modo que los reclusos salgan con una profesión u oficio.