La censura dictada por el Supremo contra dos publicaciones ha unido al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la oposición de izquierdas y a la prensa frente a una decisión que ha llegado a ser considerada como propia de una "dictadura".

Los objetos de la censura han sido el portal O Antagonista y la revista electrónica Crusoe, que obtuvieron y publicaron documentos de la operación anticorrupción Lava Jato, en los que es citado el presidente de la Corte Suprema, Jose Antonio Dias Toffoli.

Quien nombra al juez en esos documentos es Marcelo Odebrecht, el expresidente de la constructora familiar, condenado a prisión y que se refiere a Dias Toffoli como "amigo del amigo" de su padre, en una clara alusión al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, también en la cárcel por corruptelas asociadas a la estatal Petrobras.

Aunque no hay nada que sugiera directamente que Dias Toffoli está implicado en algún asunto sucio, el magistrado Alexandre de Moraes, responsable de una polémica investigación abierta por el Supremo sobre supuestas noticias falsas y ofensas a sus miembros, ordenó que esas informaciones fueran retiradas de la internet.

Bolsonaro, ultraderechista que durante la campaña electoral del año pasado era acusado de "dictatorial" por su abierta defensa del régimen militar que gobernó entre 1964 y 1985, se valió de sus redes sociales para sentar posición frente al asunto.

Manifestó su "respeto por la autonomía de los poderes", pero reafirmó su compromiso con la "libertad de expresión", lo que fue interpretado como una alusión a la censura a O Antagonista y Crusoe, que el año pasado apoyaron con firmeza su candidatura presidencial.

"Creo en Brasil y en sus instituciones y respeto la autonomía de los poderes, como está escrito en la Constitución", indicó Bolsonaro.

Agregó que la separación de poderes es "indispensable en una democracia", pero apuntó que su posición "será siempre favorable a la libertad de expresión, un derecho legítimo e inviolable".

Por primera vez, coincidió con el socialista Partido de los Trabajadores (PT), que también protestó contra la censura a esos dos medios, posicionados en el espectro ideológico del gobernante.

Todas las organizaciones de periodistas y editores, el colegio de abogados y otros grupos de la sociedad civil también han condenado la censura, que hasta fue contestada por la Fiscalía General, que sin éxito pidió al Supremo que anule la investigación sobre ofensas a sus miembros ordenada el mes pasado por Dias Toffoli.

Según la Fiscalía, la legislación "no admite que el órgano que juzga sea el mismo que investiga y acusa", como ocurre en este caso.

Sin embargo, el magistrado De Moraes rechazó ese pedido y, al mismo tiempo, Dias Toffoli ordenó que la investigación abierta el pasado marzo y que en principio duraría un mes, se prolongue durante otros 90 días.

En un duro editorial, el diario O Estado de Sao Paulo, de asumido talante conservador, afirmó que "una cosa" es investigar "supuestas amenazas difundidas en internet" y "otra bien diferente" es que un juez decida "qué puede ser publicado por un medio de comunicación".