Las denuncias de autoridades mujeres por violencia y acoso políticos son frenadas por un sistema encubridor de la violencia machista, así lo explican tres políticas que pasaron por esta situación tras denunciar. Por esto, opinan que las denuncias deben estar acompañadas por otras estrategias basadas en, principalmente, enfrentar y frenar al agresor.
La concejala de Soberanía y Libertad (Sol.bo) en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), Cecilia Chacón, y las diputadas por Unidad Demócrata (UD) Jimena Costa y Fernanda San Martín participaron en el cuarto Conversatorio 2019, que auspicia la Agencia de Noticias Fides (ANF).

Incumplimiento de leyes

Las autoridades destacaron que en los últimos años hubo importantes avances normativos que establecen los derechos de las mujeres para participar en espacios de poder y que castigan las vulneraciones de las mismas. Sin embargo, dijeron que las leyes no se efectivizan del todo y que ello resulta desmoralizante. Por eso explicaron que, en muchos casos, las víctimas prefieren no denunciar porque no logran justicia al hacerlo.
"Una no denuncia a la justicia porque no existe. He visto durante años en el comité como las familias de víctimas de feminicidio sufren un calvario de años para que terminen sin sentencia", recordó San Martín
El hecho de que no se cumplan las leyes y, particularmente, aquellas que castigan el acoso político hace que exista una suerte de revictimización que acaba en gastos para la denunciante.
"Cómo vas a resolver si sabes que vas a la justicia es una revictimización, acabas en nada y además gastas tu plata pagando abogado. Es una vía que no funciona no solo para el tema de violencia machista, en general", dijo Costa.
Costa y San Martín denunciaron irregularidades de miembros de su partido, mientras que Chacón denunció a uno de sus colegas concejales por presuntos actos de corrupción.
En los tres casos a partir de las denuncias sobre irregularidades contra miembros de sus partidos comenzaron a sufrir acoso político por sus correligionarios. Las dos primeras denunciaron acoso por parte de sus compañeros de bancada en enero de 2018 y Chacón, el mes pasado.

Sistema encubridor

Las autoridades coincidieron en que se ha establecido un sistema encubridor de la violencia machista y todas las acciones de las mujeres que denuncian violencia derivan en que estas son procesadas, desaparecidas o amenazadas. Una muestra de esto es la muerte de la Concejala Juana Quispe del municipio de Ancoraimes, que tras denunciar acoso apareció asesinada y hasta la fecha no se hizo justicia al respecto.
Las políticas dicen que el hecho de que si las leyes no se efectivizan es porque -si bien se dieron cambios sociales y normativos-, no hubo una reforma intelectual y moral en el sistema político para acompañarlos.
Por eso plantearon que se debe pensar en otras estrategias para combatir la violencia machista en la política sin victimizarse y más bien parándose frente al violento. Una de ellas, y en la que todas concuerdan, es la censura social: dañar la imagen política mediáticamente de estos acosadores.
"Pero lo que hemos hecho con varias mujeres políticas es buscar estrategias alternativas para parar a los acosadores sin necesidad de revictimizarte en el sistema judicial. Una de las que yo he utilizado, utilizo y pretendo continuar es la de matar su imagen política mediáticamente, descalificarlos", dijo Costa.
Esta estrategia fue apoyada por sus compañeras de mesa, quienes señalaron que mientras las leyes no se cumplan se debe apuntar a descalificar a los agresores.
"Esta forma de reaccionar más allá de denunciar en el marco de las normas e instituciones se traduce en acciones concretas (...) La gente y los políticos cuidan mucho su imagen es lo que más vale en este espacio", resaltó Chacón.