El 76 por ciento de las personas es consciente de que compra fármacos fraudulentos. Este es el resultado de un estudio encargado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), realizado por el economista Gonzalo Vidaurre.

“El Negocio de la Muerte: Comercio Informal de Medicamentos en Bolivia” es el estudio que se basa en una encuesta realizada a más de 1.000 personas en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, con resultados que deberían alertar, sobre todo, a las autoridades nacionales y locales.

Comprar medicamentos fraudulentos o de dudosa procedencia, en forma consciente, además de menoscabar la industria nacional, porque son de contrabando, es un atentado contra la salud, que podría derivar incluso en la muerte de las personas que los toman.

Pero, ¿por qué una persona arriesga su integridad física ingiriendo estos medicamentos fraudulentos?

Una explicación podría ser que la falta de dinero o el costo elevado de algunas medicinas obliga a los familiares de un enfermo a tomar este grave riesgo, con la esperanza de que surta algún efecto beneficioso.

Sin embargo, estas personas, en su desesperación, no toman en cuenta que este medicamento de contrabando, fraudulento o de dudosa procedencia, no aliviará sus dolencias, sino que las agravará.

Para evitar que la gente siga consumiendo medicamentos fraudulentos, el Gobierno, mediante las instancias pertinentes, tendrá que garantizar medicinas de calidad y a precios accesibles para los bolivianos, porque la salud es un derecho básico y fundamental.

Después de que se descubrió una organización criminal que enviaba a Bolivia miles de toneladas de medicamentos falsos desde Desaguadero, frontera con Perú, las investigaciones han revelado que existen decenas de personas inescrupulosas que están detrás de este ilícito, pero millonario negocio, que no toma en cuenta que están atentando contra la vida de los que padecen dolencias.

Este lunes, por ejemplo, un juez de La Paz envió con detención preventiva a la cárcel a una pareja de mayoristas que vendía medicamentos falsificados en La Paz.

Estas personas fueron enviadas a la cárcel por la comisión de cuatro tipos penales, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, legitimación de ganancias ilícitas, delitos contra la salud y organización criminal.

Asimismo, la Policía decomisó medicamentos falsificados, valuados en un millón de dólares, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz, Johnny Aguilera.

Es inconcebible que haya personas tan inconscientes, que por el lucro pongan a la venta medicamentos llenos de cal u otros materiales, sin importarles en lo más mínimo la salud de la gente.

Las autoridades del sector salud, con el apoyo de la Policía, deberían proceder a desarticular esta red de falsificadores que ha llegado a expandirse en todo el territorio nacional.

Una vez que se capture a los involucrados, se los deberá llevar ante los estrados judiciales y, si se comprueba su participación, imponerles las máximas penas de cárcel establecidas para este delito.

Asimismo, debemos insistir en que las autoridades, además de luchar sin cuartel contra estas bandas organizadas, deberán asegurar para la gente medicamentos de calidad y a precios accesibles.