Aunque el agua es de titularidad pública, está "de facto" en manos de grandes empresas en México, las cuales controlan buena parte de su uso amparadas por una ley que no contempla el derecho humano a este recurso.

De acuerdo con expertos consultados por EFE con motivo del Día Mundial del Agua, desde 1992 un 7 por ciento de empresas -mineras, embotelladoras, lecheras- controlan el 70 por ciento de las concesiones del agua, cuya escasez afecta a los ciudadanos más vulnerables.

El coordinador del área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodrigo Gutiérrez, explicó que para entender las desigualdades hay que conocer el derecho humano al agua, que incluye obligaciones para el Estado y las empresas.

Por derecho, el agua debe tener un flujo constante y continuo, estar limpia y en condiciones óptimas, estar físicamente accesible, ya sea en el hogar del ciudadano o a una distancia mínima.

Pero no siempre sucede en México.

También el agua debe ser fácil de obtener desde el punto de vista económico y el ciudadano debe tener acceso a información exacta sobre la situación del líquido en el país. Tampoco sucede.

Además, el agua tiene que distribuirse de forma equitativa a todos los sectores de la población, algo que tampoco termina de cumplirse como es debido en el país.

Tomando esto en cuenta, Gutiérrez entiende que en México, "en general", se está violando el derecho humano al agua.

Para afirmar esto se basa en la citada desigualdad a la hora de distribuir el agua, pues a menudo no se sabe "qué cantidad de agua se tiene ni qué calidad".

Además, algunas familias que viven en condiciones de pobreza tienen acceso a agua una vez cada ocho días, o deben gastar el 15 por ciento de su salario para obtenerla.

A esto, el coordinador del programa de sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Pedro Moctezuma, agregó en entrevista con EFE que 10 millones de mexicanos no tienen acceso al agua.

Para entender cómo se llegó a esta situación es necesario remontarse a 1992, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el año pasado fue reemplazado por otro pacto denominado T-MEC y que está pendiente de su ratificación.

El TLCAN, entre EEUU, Canadá y México, establecía que el acceso al agua es un componente importante para las inversiones.

Ese mismo año se creó la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en la cual no se contempla el derecho humano al agua, pues todavía no este no aparecía en la Constitución.

Se dio un proceso opaco en torno a la entrega de concesiones bajo el principio de que el agua pertenecía al primero que la solicite.

Sobre este contexto, los oligopolios empresariales vieron una gran oportunidad.

"Esa ley concibe al agua como un recurso que hay que distribuir, pero todos esos elementos que contiene el derecho humano al agua nunca fueron contemplados", asegura Gutiérrez. En aquel entonces, el agua "era concebida casi como un recurso infinito que había que llevar de un lado a otro sin tomar en cuenta las necesidades de las personas ni de la naturaleza".

Tomado de la agencia EFE