DESDE EL CUARTO PROPIO
Deben renunciar
20 de marzo de 2019 (01:50 h.)
Ya no parece sorprender a nadie que altas autoridades de diferentes niveles gubernativos, hayan sido denunciados por hechos de violencia contra sus parejas. Un rápido recuento nos lleva a recordar los tristemente célebres casos de Marín Sandoval, expresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz; David Tezanos Pinto, exdefensor del Pueblo; Henry Cabrera, actual diputado plurinacional; el concejal Jorge Silva, y ahora, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Orlando Ceballos, entre otros, que no han recibido tanta atención pública.
En todos los casos, una vez que los hechos se hicieron públicos, los agresores usaron la misma estrategia: negaron los hechos, hicieron apariciones con las víctimas ante los medios de comunicación, disculpándose ante la población, como si esto borrara la comisión del delito, explicando que se trata de una cuestión privada o que se utiliza la situación con fines políticos y anunciando la conciliación o el desistimiento de la denuncia, que implican confesiones en sí mismas.
Ante estos hechos, organizaciones, colectivos y redes de defensa de derechos humanos han manifestado su rechazo y preocupación por la recurrencia de estos hechos y nos recuerdan que la violencia contra las mujeres es un delito de orden público y que su reconocimiento en nuestro marco normativo, fue una gran conquista de las mujeres en el país.
También nos recuerdan que quienes ejercen la función pública y, particularmente, la magistratura, “(…) deben acreditar una alta integridad y una conducta ética irreprochable, reconocida públicamente y que no pueda ser objeto de condenas, señalamientos, denuncias u objeciones”.
En ese entendido, se demanda al Ministerio Público iniciar una investigación oportuna y transparente; al Órgano Judicial cumplir con sus obligaciones para erradicar la violencia contra las mujeres; al Servicio Plurinacional de la Mujer y a la Defensoría del Pueblo hacer seguimiento a los casos denunciados, para asegurar que no queden en la impunidad y, finalmente, la renuncia inmediata de los denunciados y garantizar medidas de protección para las denunciantes.
Esperemos que, en las próximas elecciones se haga un mayor esfuerzo para asegurar la idoneidad en las candidaturas de quienes desean asumir la función pública.
En todos los casos, una vez que los hechos se hicieron públicos, los agresores usaron la misma estrategia: negaron los hechos, hicieron apariciones con las víctimas ante los medios de comunicación, disculpándose ante la población, como si esto borrara la comisión del delito, explicando que se trata de una cuestión privada o que se utiliza la situación con fines políticos y anunciando la conciliación o el desistimiento de la denuncia, que implican confesiones en sí mismas.
Ante estos hechos, organizaciones, colectivos y redes de defensa de derechos humanos han manifestado su rechazo y preocupación por la recurrencia de estos hechos y nos recuerdan que la violencia contra las mujeres es un delito de orden público y que su reconocimiento en nuestro marco normativo, fue una gran conquista de las mujeres en el país.
También nos recuerdan que quienes ejercen la función pública y, particularmente, la magistratura, “(…) deben acreditar una alta integridad y una conducta ética irreprochable, reconocida públicamente y que no pueda ser objeto de condenas, señalamientos, denuncias u objeciones”.
En ese entendido, se demanda al Ministerio Público iniciar una investigación oportuna y transparente; al Órgano Judicial cumplir con sus obligaciones para erradicar la violencia contra las mujeres; al Servicio Plurinacional de la Mujer y a la Defensoría del Pueblo hacer seguimiento a los casos denunciados, para asegurar que no queden en la impunidad y, finalmente, la renuncia inmediata de los denunciados y garantizar medidas de protección para las denunciantes.
Esperemos que, en las próximas elecciones se haga un mayor esfuerzo para asegurar la idoneidad en las candidaturas de quienes desean asumir la función pública.