Con pena y vergüenza ajena vemos que no hay día que la prensa no registre casos de delitos muy graves cometidos por miembros de la Policía Boliviana, entre otros, corrupción, extorsiones, contrabando, narcotráfico y violaciones sexuales, generando la indignación generalizada de la población y el mayor descrédito de la institución del orden.

Las violaciones sexuales cometidas contra mujeres privadas de libertad en Reyes y Rurrenabaque y las presiones y amenazas que se estarían ejerciendo para que desistan de sus denuncias, dan lugar a serios cuestionamientos sobre el rol del Estado en la protección de los derechos de las mujeres.

En el Sistema Universal de Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano, la violación sexual contra las mujeres es considerada tortura, sea que el hecho sea cometido por agentes estatales o con aquiescencia de estos. Es por ello que corresponde a las autoridades actuar con la debida diligencia para que estos y otros casos sean investigados, procesados y sancionados los autores, cómplices y encubridores, toda vez que, por negligencia del sistema de justicia o el propósito de encubrir y dejar en la impunidad estos actos, Bolivia podría, una vez más, tener que responder ante tribunales internacionales como en los casos Porco vs. Bolivia ( ciudadana argentina privada de libertad y abusada sexualmente por sus custodios) y NN vs. Bolivia (víctima de violación que dejaron en la impunidad).

La frecuencia con la que son denunciados como autores de violación sexual policías sin grado, jefes, oficiales y clases es la clara señal del estado de descomposición interna al que ha llegado la institución encargada de la seguridad de la población.

Si nos preguntamos ¿cómo la Policía ha caído tan bajo?, la respuesta encontramos en la sistemática inobservancia de la C.P.E, la Ley Orgánica policial y sus reglamentos, fomentada desde dentro y fuera por intereses políticos coyunturales; principalmente, en los ascensos a los más altos niveles y la asignación de destinos, procesos en los que no se toman en cuenta los méritos acumulados, la formación y la capacidad de los y las aspirantes.

La disciplina interna se ha relajado al extremo que la jerarquía entre mandos superiores y personal de base ha desaparecido, lo que prima es la permisividad a ilícitos y la ley de quién tiene más recomendaciones de gente del partido gobernante. Este panorama puede ir a peor si no se libera a la Policía de la subordinación partidaria.