El viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, informó que "en primera instancia, vamos a presentar el día de hoy, seis nuevas denuncias penales contra funcionarios y exfuncionarios del municipio de Quillacollo. Son ilícitos que se han producido en los últimos meses y en las últimas gestiones".

Las denuncias son por los delitos peculado, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, manipulación informática, conducta antieconómica y sustracción de documentos.

Indicó que los dos primeros casos son por desvió de los recursos de la Caja Chica del municipio. Gerson Amílcar E. y Jesús Reynaldo son los denunciados, porque emitían cheques a sus nombres por montos aproximados de Bs 10 mil, sin presentar descargos.

La tercera denuncia es contra el exfuncionario Jhon Paul G. por manipulación informática del RUAT.

Esto requiere "una investigación penal que identifique quiénes se han beneficiado de esta alteración, quiénes han participado de esta alteración y a cuánto ascendería el daño económico. No se tiene esta información, por lo tanto, con esta denuncia penal esperemos que se investigue", dijo Jiménez.

La cuarta denuncia penal es contra los que resulten responsables de la desaparición de 24 carpetas donde se encontraban registrados procesos administrativos por irregularidades en la Alcaldía de Quillacollo en la gestión del alcalde Eduardo Mérida.

Jiménez señaló que el quinto caso se registró en el área de Recursos Humanos "por la supresión y extracción del Registro Biométrico antes del 30 de junio de 2018". Sospechan que habría existido ítems y funcionarios fantasmas en el municipio.

El sexto proceso es contra el exjefe de la unidad de Transparencia, Grover Gustavo B., porque cuando dejó su cargo se llevó todo de la oficina, no dejó ni un papel, por eso es denunciado por supresión de documentación. El Viceministro dijo que ningún funcionario público puede llevarse y hacer desaparecer documentación.

Jiménez señaló que en estos casos "se tiene que hacer una auditoría completa al RUAT para identificar irregularidades, posibles anomalías que puedan dar a conocer otros ilícitos. Una auditoría a la adquisición de la planta de asfalto, un proceso de contratación que costó Bs 11.695.000 donde la documentación es confusa, es dispersa. También se tiene que hacer una auditoría al Régimen de Incompatibilidades que el municipio no tiene de forma clara".

Los casos se detectaron luego de que el municipio de Quillacollo fue intervenido en enero de este año por la Comisión Interinstitucional de Acción Inmediata, instancia encabezada por el Ministerio de Justicia.