Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 20 de abril de 2024
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OJO DEL PUEBLO

Políticas públicas = país ordenado

Políticas públicas = país ordenado
El ciudadano recibe con gran entusiasmo la noticia cuando el Gobierno promulga una ley, en el buen entendido de que será de beneficio para casi toda la población.

El diseño de una ley pasa por establecer una política pública, mediante el análisis e investigación del problema, para lograr una solución equitativa y construir un mapa político en el que se analice a quiénes beneficia y a quiénes perjudica, quiénes apoyan y quiénes la rechazan.

Un anteproyecto de ley debe ser socializado, recibir aportes, críticas y apoyos y recorrer todo el país. No es suficiente que se analice en sesión de una comisión legislativa.

Ese proceso permite realizar ajustes al anteproyecto de ley, para luego ver cuál es el presupuesto económico, su financiamiento, qué recursos humanos y logísticos debe prever el Ejecutivo, en el que interviene el Viceministerio de Inversión Pública, de tal modo que se logre el o los objetivos de esa norma.

En los últimos tiempos se han promulgado centenar de leyes, y la última de alto valor social, como es la salud de la población, denominada SUS o Sistema Único de Salud, lo que muestra que este Gobierno busca resolver un problema importante.

Sin embargo, de todo el marketing desplegado para promocionar una ley revolucionaria, poco a poco se va desnudando que no tiene el apoyo de los sectores más importantes como son de los médicos, administradores de centros médicos y la misma población.

Esta Ley es solo para la atención primaria. No tiene un diseño para saber a cuánta gente llegará y el dinero que se cuenta. Tampoco se tiene asegurada la infraestructura hospitalaria física y equipamiento, recursos humanos calificados, insumos médicos, logística y recursos económicos que se requieren para los pacientes.

Con bastante razón, el Colegio Médico de Bolivia se pronunció observando y luego rechazando esta ley, actitud que no fue comprendida por las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo.

La ley, para tener sostenibilidad, debería haber sido socializada, y también puesta en consideración de la Confederación y federaciones de Profesionales de Bolivia. No ha ocurrido esta situación, por lo que reclamar resulta tardío.