El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer a ANF que se ha instruido la suspensión temporal de los policías que realizan el resguardo de una carceleta en el municipio de Rurrenabaque, departamento del Beni, hasta que se esclarezca la denuncia de violación, vejámenes, y aborto forzado contra una ciudadana brasileña, que pesa sobre ellos.

El caso ya fue remitido al Ministerio Publico y se dispuso el traslado de policías de La Paz a Rurrenabaque, para evitar que los sospechosos sean investigados por camaradas de su mismo municipio. “Se instruyó a los investigadores que utilicen todos los mecanismo posibles para resolver el caso. Si se comprueba que son culpables, se les dará de baja y serán sometidos a la justicia ordinaria”, declaró Romero.

El senador de Demócratas, Yerko Núñez, presentó un video en el que una joven denuncia varias violaciones a sus derechos de ciudadana y de mujer. Fue acusada de robar 15.000 bolivianos que ya devolvió. Sin embargo, le hicieron creer que fue sentenciada a tres años de cárcel, sin haberle provisto jamás de un abogado de la defensa pública ni haber sido sometida a un proceso justo.

La joven extranjera, de 21 años, no tiene contacto con su familia y permanece encerrada en una carceleta de Rurrenabaque, donde asegura que fue violada varias veces por efectivos, desde un capitán hasta un sargento, quienes la sometían poniéndole una pistola en la cabeza. Eva, la denunciante, relató que quedó embarazada y sus agresores la obligaron a abortar. Según Romero, no existen denuncias anteriores de la víctima, pero se investigará. Colectivos ciudadanos exigieron una pesquisa objetiva y dijeron que la mujer no tenía a quién acudir antes, si los que debían custodiarla se atrevieron a vejarla.