El martes se conoció el caso de un menor de 9 años que fue víctima del abuso del director de una unidad educativa del turno de la tarde del municipio de Sipe Sipe. La autoridad educativa “confundió” al menor con un inhalador de clefa y le rapó la cabeza, según dijo, dando cumplimiento a un acuerdo asumido con los padres de familia para “castigar e identificar” a los menores que consumen ese tipo de sustancias, y que se convierten en un riesgo para los vecinos.

¿Será que los padres de familia pueden dar ese tipo de instrucciones? Es cierto que existen casos de adolescentes y jóvenes que están vinculados a las pandillas y otro tipo de actividades ilegales que preocupan, pero no se puede aceptar que las sanciones para ese grupo las decidan unos cuantos al margen de lo que señalan las normas legales.

Lo que llama la atención es que el director no realizó ningún tipo de indagación y solo tomó en cuenta la apariencia del menor para raparle el cabello.

Pero, el tema tiene connotaciones más profundas, ya que al cortarle la cabellera no solo dañó su aspecto físico, sino que tocó la parte más sensible que es la psicológica, la autoestima.

Si bien en las décadas de los 60, 70 e incluso 80, los padres delegaban a los profesores varias atribuciones y hasta les autorizaban para que castiguen a sus hijos en determinadas circunstancias, ahora, los tiempos han cambiado y la educación es horizontal, es decir, que los niños también tienen voz y voto.

Tras conocerse ese atentado contra la integridad del menor de Sipe Sipe, varias instituciones se pronunciaron e intervinieron para investigar el caso.

La Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia de Sipe Sipe fue la primera que tomó cartas y denunció al director del colegio por violencia y el caso fue enviado a un Juzgado del Menor de Vinto.

Se conoció que el acusado trató de “disfrazar” los hechos y tras el incidente presentó una denuncia en la Policía de Sipe Sipe en contra de la víctima por consumo de sustancias controladas, pero no aportó ninguna prueba.

El jueves, el representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, también se pronunció y pidió que el caso se investigue.

Por su lado, el director departamental de Educación, Iván Villa, indicó que pidió un informe al Director Distrital de Educación de Sipe Sipe para que explique sobre lo sucedido y, si el caso amerita, el director del colegio sea remitido al Tribunal Disciplinario.

Villa también remarcó que el daño psicológico es lo que más les preocupa.

Este caso puso sobre el tapete un problema que, seguro, es frecuente, pero que pocos se atreven a denunciar porque temen represalias. Los mismos estudiantes callan porque, a veces, los padres no les creen. También existen casos en los que progenitores prefieren ser cómplices y no dan parte a las autoridades de lo que sucede.

Leyes como el Código Niña, Niño y Adolescente son claras cuando se detectan hechos en los que los derechos de los menores son vulnerados. Sin embargo, en el caso del niño de Sipe Sipe, hasta ahora, no se ven sanciones. Es más, esa autoridad educativa continúa ejerciendo funciones como si nada hubiese pasado.

Si bien el Servicio Departamental de Educación pidió informes, aún evaluará el caso para ver si es pertinente enviar al acusado al Tribunal Disciplinario de la Dirección Departamental de Educación. Entonces nos preguntamos ¿qué más tiene que pasarle a un niño para que las autoridades actúen? Es preocupante ver la pasividad de quienes tienen el mandato de velar por la integridad y la salud física y mental de esa población altamente vulnerable.

Lo correcto es que esos casos sean tratados con celeridad y que las víctimas reciban apoyo psicológico.

Es bueno recordar que los métodos violentos no son los más aconsejables para intervenir, ni siquiera, en casos en los que menores de edad se vean involucrados en actividades al margen de la ley.