La coima es un soborno o una dádiva que se da a alguien para obtener un favor de un funcionario o de una autoridad. Lamentablemente, la coima en Bolivia se ha vuelto una práctica, que algunos municipios saben cómo sacar provecho, principalmente cuando hacen negocios con empresas o proveedores.

Dicen que la corrupción no debe dejar huellas, en ese sentido muchos se cuidan y toman los recaudos correspondientes para impedir que sean descubiertos.

Por ese motivo, los sobornos no son fáciles de demostrar y denunciar con pruebas, para que las leyes caigan sobre el que pide y el que da.

Sin embargo, afortunadamente hay quienes se atreven a denunciar y develar las irregularidades que algunas autoridades vienen cometiendo.

Recientemente se conoció el caso de Quillacollo, municipio en el que se reveló la existencia de sobornos, cuyas tarifas iban desde el 10 por ciento hasta el 20 por ciento .

Según las denuncias, las autoridades y funcionarios que hoy son investigados, tras la difusión de unos audios, cobraban el 20 por ciento si los contratos eran superiores a un millón de bolivianos, y entre 10 y 15 por ciento si eran menores a esa cantidad.

Por esos presuntos cobros ilícitos, el exalcalde temporal Zacarías Jayta y el expresidente del Concejo de Quillacollo Víctor Osinaga fueron encarcelados el pasado viernes, mientras que varios funcionarios son investigados por ser parte de esta organización, que aprovechándose de sus cargos aparentemente sometían a las empresas a pagar jugosas sumas de dinero a cambio de firmar contratos.

Pero eso no es todo. Lo más probable es que también cobraban otras sumas de dinero para realizar el desembolso de los recursos para la ejecución de las obras adjudicadas.

Hoy, las autoridades deben indagar a toda la organización que se habría conformado en Quillacollo, un municipio golpeado, desde hace varios años, por la inestabilidad política y la corrupción.

Asimismo, es preciso investigar qué es lo que pasa en el resto de los municipios del país.

Quillacollo es solo un ejemplo que hay que tomar en cuenta, porque lo más probable es que existan hábiles funcionarios que estén haciendo lo mismo en otras alcaldías.

Es inadmisible y absolutamente censurable que personas que gozan de un cargo de poder acudan a los sobornos para dar o no una obra, condicionar la compra de un producto o la realización de algún trabajo.

Pero, como decíamos, estos malos funcionarios aparentemente también exigen coimas para la cancelación de pagos pendientes, al extremo que si la empresa o persona no se somete a sus reglas, no recibe los recursos y, lo que es peor, tiene problemas hasta para recuperar la boleta de garantía que por norma se entrega tras la adjudicación de la obra.

Pero la coima o el soborno es un delito que salpica a varias instituciones, desde las judiciales hasta las policiales, pasando por otras que prestan servicios.

Las autoridades o responsables de cada institución deben trabajar al máximo para erradicar esta ilícita práctica y sancionar con todo el rigor de la ley a los funcionarios o empleados que sean descubiertos.

Asimismo, es imprescindible trabajar con la gente para que evite aceptar estas ilegales propuestas solo por facilitarle alguna actividad.

También es necesario impulsar a que la población denuncie estos hechos ilegales y las autoridades encargadas sepan resguardar la identidad de quien devela un hecho.

No hay que negar que muchos no se animan a denunciar porque temen ser víctimas de alguna represalia. Las autoridades deben reforzar los mecanismos que existen para evitar que este mal siga vigente en las instituciones, principalmente en las públicas.