El futuro de la gobernabilidad de Ciudad del Este, segunda urbe de Paraguay, está en el aire a pocos días de que finalice la intervención municipal ordenada por el Poder Ejecutivo, y con su intendenta, Sandra McLeod, suspendida en sus funciones e investigada en varias causas por corrupción.

La próxima semana se cumple el plazo de 60 días con el que contaba el equipo interventor de la ciudad, para presentar al Gobierno un informe sobre la situación del municipio.

En caso de que de ese documento se desprenda la existencia de irregularidades en la gestión de McLeod, del gobernante Partido Colorado, la Cámara Baja deberá decidir, por mayoría absoluta, si destituye definitivamente a la Intendenta.

En ese caso, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) deberá convocar elecciones en Ciudad del Este, según dispone el artículo 11 de la Ley Orgánica Municipal.

La información facilitada por el equipo interventor propició el pasado martes que la Fiscalía imputara a McLeod y otras ocho personas, entre funcionarios del municipio y empresarios "por lesión de confianza", por haber realizado, presuntamente, pagos desde la Municipalidad a una empresa de publicidad que no prestó los servicios contratados.

Ese mismo día abrió otra imputación contra McLeod y su esposo, el senador del gobernante Partido Colorado, Javier Zacarías, por "declaración falsa" de sus cuentas y bienes ante la Contraloría General de la República.

Imputaciones que se suman a la investigación abierta en septiembre de 2018 contra el matrimonio y varios de sus familiares, apodados por la prensa local como el "clan Zacarías", por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal. Esa investigación fue el detonante para que en octubre, la Junta Municipal de Ciudad del Este pidiera al Ejecutivo la intervención de la gestión local, que posteriormente fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Además, la interventora de la ciudad, la exjueza Carolina Llanes, confirmó esta semana la existencia de otras denuncias contra la Intendenta, derivadas del proceso de intervención, por, entre otros presuntos delitos, malversación de fondos públicos.

Para evitar la culminación del proceso de intervención y, por ende, su destitución, McLeod presentó también este martes, y por segunda vez, su renuncia al cargo de Intendenta, lo que ha avivado la tensión en el seno de la Junta Municipal, que debe tratar el pedido de renuncia.

Según la Ley Orgánica Municipal, en caso de renuncia del Intendente y si ésta se produce en los dos últimos años de los cinco que componen la legislatura -la actual finaliza en 2020-, el Intendente será uno de los miembros de la junta y elegido por la misma mediante voto secreto.

La tensión se acrecentó el martes cuando a los ediles afines a McLeod, que estaban en minoría, se les sumó el apoyo de un concejal perteneciente a un partido minoritario, que se mostró a favor de aceptar la renuncia de la Intendenta, lo que podría provocar la aceptación de dicha renuncia y evitar la convocatoria electoral.

Ello permitiría el acceso al poder municipal de un aliado de la Intendenta ahora suspendida, mientras que los ediles opositores quieren evitar el tratamiento en la Junta de la renuncia. Ello con objeto de que finalice el proceso interventor y se produzca la destitución de McLeod y las consecuentes elecciones anticipadas.